Nuevas reglas para que los neumáticos usados no terminen como residuo sin control
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad, con el voto de los 21 legisladores presentes, una modificación a la Ley 3791 de Gestión Integral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
La iniciativa fue impulsada por el diputado Santiago Aberastain Zubimendi, presidente del bloque Por Santa Cruz, y modifica dos aspectos concretos del régimen vigente: quién controla ambientalmente los neumáticos generados por determinadas actividades y cómo debe asegurarse su trazabilidad y destino dentro de la provincia.
La Ley 3791 existe desde 2022 y alcanza especialmente a los neumáticos generados por actividades como minería, hidrocarburos, pesca, transporte de cargas y personal y empresas viales. Su finalidad es reducir la disposición final de estos residuos y promover su reutilización y valorización dentro de un esquema de economía circular.
Uno de los cambios responde a una modificación posterior en la estructura del Estado provincial. Hasta ahora, la Secretaría de Estado de Ambiente era la autoridad de aplicación general de la Ley 3791. La nueva redacción mantiene esa competencia, pero exceptúa a los neumáticos provenientes de actividades energéticas y mineras.
En esos casos, el control pasará a la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería.
Aberastain explicó en los fundamentos que cuando se sancionó la ley original todavía no existía ese organismo especializado. La modificación busca ahora concentrar en esa secretaría los controles ambientales vinculados con los sectores minero y energético, que funcionan bajo regulaciones técnicas específicas.
Según el legislador, el objetivo es lograr una fiscalización más técnica, integrada y eficiente de los neumáticos que generan esas actividades.
Saber cuántos neumáticos hay y dónde terminan
El segundo cambio alcanza al artículo 5 y pone el foco en la trazabilidad. La nueva redacción a la que accedió Ahora Calafate establece que quienes comienzan el ciclo de gestión deberán contar con un sistema que permita conocer los stocks de neumáticos, los volúmenes generados, sus recorridos y las cantidades que finalmente son valorizadas o dispuestas.
Además, los neumáticos fuera de uso deberán ser depositados en centros de reutilización instalados y registrados en Santa Cruz.
Ese último punto es importante porque la intención expresada en los fundamentos no es solamente evitar que las cubiertas terminen abandonadas. También se pretende que el material pueda ser recuperado y utilizado como materia prima para nuevos productos manufacturados en la propia provincia.
Aberastain vincula esa decisión con el denominado principio de proximidad, que es procesar los residuos lo más cerca posible del lugar donde se generan. De esa manera se busca disminuir tanto el impacto ambiental como el costo energético que implica transportar grandes volúmenes de neumáticos durante cientos o miles de kilómetros.
Caleta Olivia ya tiene una experiencia concreta
Ese circuito ya tiene un antecedente en la provincia. En Caleta Olivia funciona una planta de recuperación y valorización de neumáticos fuera de uso operada por COPESA S.A., que fue incorporada oficialmente al Registro Único de Gestión Integral de NFU en abril de 2024.
La Secretaría de Ambiente le otorgó entonces la habilitación para operar la planta ubicada en el Barrio Industrial de esa ciudad.
Allí los neumáticos descartados son procesados para obtener granulado de caucho, que puede utilizarse posteriormente en la fabricación de pisos, baldosas y superficies amortiguantes, entre otros productos.
La experiencia de Caleta Olivia muestra en la práctica el tipo de aprovechamiento que la reforma busca estimular: que una cubierta que llegó al final de su vida útil no termine acumulada como residuo, sino que pueda convertirse nuevamente en materia prima.
Hasta ahora, COPESA es la planta de recuperación y valorización de NFU cuya habilitación específica aparece publicada oficialmente en el registro provincial. La normativa creada en 2023 obliga a inscribirse tanto a los generadores como a las empresas que valorizan neumáticos fuera de uso.