Diputados volverán a tratar el pedido de para que Albarracín asuma como juez de Cámara

El gobernador Claudio Vidal presentó un nuevo pedido de acuerdo después de que la Legislatura rechazara el anterior por 13 votos contra 10. Hoy la oposición cuestionó que se vuelva a votar una designación ya rechazada, mientras el oficialismo sostuvo que se trata de una nueva presentación y que no existe impedimento constitucional para analizarla otra vez.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz volverá a tratar el pedido de acuerdo para designar al doctor Carlos Alberto Albarracín como juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos.

Como ya informó Ahora Calafate el gobernador Claudio Vidal remitió una nueva solicitud luego de que, en la sesión anterior, la Cámara rechazara el primer pedido por 13 votos contra 10, una votación que provocó un fuerte impacto político dentro del oficialismo.

El nuevo trámite llegó hoy a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde obtuvo despacho por mayoría y quedó en condiciones de regresar al recinto.

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Pero el tratamiento estuvo lejos de ser meramente formal. La discusión se concentró en una pregunta central: ¿puede la Legislatura volver a votar una designación que ya rechazó pocas semanas antes?

“El hecho ya fue rechazado”

Desde la oposición, el diputado Eloy Echazú, de Unión por la Patria, cuestionó la validez del nuevo tratamiento.

Sostuvo que, aunque el Ejecutivo haya cambiado el número de nota o expediente, el objeto sigue siendo el mismo. “En sí el hecho ya fue rechazado”, afirmó. Y agregó: “Yo no sé en qué se basan en volver a continuar con esta designación cuando bien están establecidos los parámetros en la Constitución Provincial y también nuestro reglamento interno”.

Diputado Eloy Echazú (UPP)

La diputada Agostina Mora Doldán planteó una postura similar. “Ponerle otro número de expediente no necesariamente es decir que estamos hablando de un asunto distinto”, señaló.

Para la legisladora, el punto no pasa solamente por la posibilidad material de volver a enviar el pliego, sino por la validez de someter otra vez a votación exactamente la misma propuesta.

Mora recordó que el pedido anterior había sido rechazado 13 a 10 apenas dos semanas antes y advirtió que admitir un nuevo tratamiento sin límites podría convertir las decisiones de la Legislatura en “provisorias”.

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También citó el artículo 85 del reglamento interno, referido a las mociones de reconsideración, y sostuvo que ese mecanismo sólo puede plantearse en determinadas condiciones y dentro de la misma sesión.

“El pliego ya fue sometido al recinto, ya fue votado y fue rechazado. El asunto está terminado”, afirmó.

El oficialismo sostiene que es un nuevo pedido

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Adriana Nieto, respondió a esos cuestionamientos. La diputada de Por Santa Cruz sostuvo que no existe ninguna disposición constitucional que impida al gobernador volver a enviar una solicitud de acuerdo.

“¿Y en qué lugar de la Constitución dice que no se puede?”, planteó. Según Nieto, se trata de una facultad del Poder Ejecutivo y el gobernador no está insistiendo formalmente sobre el mismo expediente, sino que envió una nueva nota solicitando nuevamente la designación.

“No hay una prescripción constitucional ni de una ley en particular que niegue la posibilidad de solicitar nuevamente”, sostuvo.

Muñoz: “No hay ningún impedimento”

La postura fue respaldada por Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica - ARI.

El legislador explicó que analizó la cuestión con asesoramiento jurídico y concluyó que no existe impedimento constitucional para volver a tratar el pedido. “No hay ningún impedimento en la Constitución para que se vuelva a insistir”, afirmó.

Muñoz marcó además una diferencia entre un pedido de acuerdo y un proyecto de ley.

Según explicó, cuando una ley es rechazada y enviada al archivo existen limitaciones para volver a presentarla inmediatamente. Pero, a su entender, ese régimen no se aplica de la misma manera a una solicitud de acuerdo para una designación judicial. “No estamos hablando ni siquiera de un proyecto de ley, estamos hablando de un acuerdo”, señaló.

Diputado Pedro Muñóz (CC-ARI)

También recordó que la terna surgida del concurso mantiene vigencia y el Ejecutivo puede volver a proponer uno de sus integrantes. “No hay ninguna objeción para volver a analizar nuevamente en una terna que mantiene una legitimidad en su constitución por tres años”, sostuvo.

Muñoz adelantó además que mantendrá su voto favorable a Albarracín, tal como lo hizo en la votación anterior.

El antecedente del rechazo

El episodio se remonta a la sesión anterior, cuando la Cámara trató por primera vez el pedido de acuerdo enviado por Vidal para designar a Albarracín en la Cámara Criminal de Río Gallegos.

El resultado fue 13 votos negativos y 10 positivos, por lo que la designación no obtuvo el aval legislativo. Ese resultado tuvo una repercusión que excedió el propio pliego porque dejó expuestas diferencias dentro del espacio oficialista.

Ahora, con un nuevo pedido presentado por el Ejecutivo, el nombre de Albarracín vuelve al centro de la discusión.

Albarracín se desempeña actualmente como juez de Instrucción en El Calafate y había sido propuesto para ocupar una vocalía en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos.

Con el despacho aprobado hoy por mayoría en Asuntos Constitucionales, el pedido volverá al recinto. Allí se repetirá una votación que ya tuvo un primer resultado adverso para el Ejecutivo, aunque esta vez con una discusión previa mucho más marcada sobre el procedimiento.

Para la oposición, la Cámara ya resolvió el asunto y no corresponde volver sobre una decisión tomada apenas semanas atrás.

Para quienes respaldan el nuevo tratamiento, en cambio, la Constitución no establece una prohibición expresa y el gobernador conserva la facultad de presentar un nuevo pedido mientras la terna siga vigente.

La definición volverá a quedar ahora en manos de los diputados, en una votación que tendrá no sólo consecuencias sobre la eventual designación de Albarracín, sino también sobre la interpretación que la Legislatura haga de sus propios límites y del alcance de las facultades del Poder Ejecutivo.

 

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