Privatizaciones bajo sospecha: denuncian cambios en las tasaciones y falta de información al Congreso

Un grupo de legisladores nacionales presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presuntas irregularidades en los procesos de privatización de empresas públicas impulsados por el Gobierno nacional.

La presentación fue firmada por la diputada santacruceña Ana María Ianni, su par Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, todos integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

La denuncia apunta principalmente contra Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP); Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación; autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y otros funcionarios que pudieran resultar responsables.

El eje del planteo es que, según los denunciantes, el Gobierno habría modificado el circuito habitual para tasar empresas públicas y habría mantenido bajo reserva esas valuaciones, incluso frente a pedidos de información realizados desde el Congreso.

Qué denuncian los legisladores

El escrito presentado ante la PIA sostiene que durante los últimos dos años se fue conformando un esquema que, según los denunciantes, produjo tres cambios centrales: el apartamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación como organismo encargado de valuar empresas, el uso de un método distinto de valuación y la declaración de reserva sobre los informes de tasación.

La denuncia cuestiona específicamente la Resolución 1/2026 de la ATEP, que habría dispuesto mantener reservados los informes de tasación y valuación producidos en los procesos de privatización.

Los legisladores sostienen que esa decisión impide conocer un dato central: cuánto valen oficialmente las empresas antes de su venta o concesión.

También cuestionan que el Tribunal de Tasaciones haya dejado de intervenir directamente en algunas valuaciones y que esa tarea pasara a una unidad del BICE, creada en 2025.

Según la presentación, el cambio de organismo y metodología podría derivar en valuaciones inferiores a las que hubieran surgido de otros criterios. Es importante aclarar que se trata de una hipótesis planteada por los denunciantes y que ahora deberá ser investigada.

El punto central: las tasaciones

La discusión no es menor porque las valuaciones sirven como referencia para determinar el precio de los activos públicos involucrados en las privatizaciones.

La denuncia sostiene que la Ley 21.626 reconoce al Tribunal de Tasaciones como organismo especializado en la valuación de bienes del Estado y cuestiona que, en estos procesos, se haya adoptado un esquema diferente.

Los legisladores también afirman que la decisión de reservar los informes entra en tensión con las normas de transparencia y con las facultades de control de la Comisión Bicameral.

Precisamente, esa comisión ya había reclamado información sobre los procesos de privatización. El 23 de septiembre, Diego Chaher concurrió al Congreso para explicar el avance de los distintos procedimientos. En esa reunión defendió el programa de privatizaciones y sostuvo que el Gobierno está cumpliendo con el esquema aprobado por la Ley Bases.

Días después, Ianni y Carignano intimaron formalmente a Chaher para que entregara documentación sobre las tasaciones de AySA y de otras empresas. En ese requerimiento ya habían advertido que, si no obtenían respuesta, acudirían a la PIA.

AySA, en el centro de la presentación

Uno de los casos que ocupa mayor espacio en la denuncia es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El Gobierno nacional autorizó la privatización total de la empresa y dispuso una licitación pública nacional e internacional para transferir a un operador estratégico el 90% de las acciones que están en manos del Estado. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

La licitación fue convocada sin base, es decir, sin establecer públicamente un precio mínimo en el llamado.

El proceso avanzó y el Gobierno aprobó el 5 de octubre lo actuado en la primera etapa de la licitación.

La denuncia reclama que, antes de avanzar con la adjudicación, se conozca la tasación oficial de AySA, junto con sus anexos, supuestos utilizados, tasas de descuento y metodología de cálculo.

Qué empresas están alcanzadas

La discusión excede a AySA. La Ley Bases declaró sujetas a privatización o concesión a varias empresas estatales, entre ellas Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales. Además, incluyó específicamente a Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Para Santa Cruz, la presencia de YCRT dentro de ese listado le agrega una dimensión particular al reclamo.

La propia Agencia de Transformación de Empresas Públicas incluye actualmente a YCRT dentro de las compañías alcanzadas por el régimen de privatizaciones aprobado por la Ley 27.742.

Antecedentes de cuestionamientos

Las dudas sobre las valuaciones no comenzaron con esta denuncia. En mayo, la Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por el proceso de tasación de Intercargo, en la que cuestionó el valor asignado a la empresa y la intervención del BICE. Esa causa incluyó entre los denunciados al presidente del banco estatal.

También hubo cuestionamientos públicos respecto de Transener, Nucleoeléctrica e Intercargo, principalmente por diferencias entre las valuaciones oficiales y otros valores de referencia utilizados por analistas y sectores políticos.

Desde el Gobierno, en cambio, Chaher ha defendido el esquema y sostuvo públicamente que los procedimientos buscan atraer inversiones y transferir al sector privado actividades que, a criterio de la administración nacional, no deberían seguir bajo gestión estatal.

Qué piden a la PIA

En la denuncia, los legisladores solicitan que la Procuraduría investigue si existieron irregularidades administrativas y determine si puede haber responsabilidades de funcionarios.

También piden que se requiera a la ATEP el texto completo de la resolución que dispuso la reserva de las tasaciones, y que se entreguen los informes oficiales correspondientes a AySA y a las demás empresas sujetas a privatización.

Otro pedido es que esa información sea puesta a disposición de la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de controlar estos procesos.

Además, solicitan que se evalúe si pueden existir eventuales delitos vinculados con abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o administración fraudulenta, aunque por ahora no existe una decisión judicial sobre esos planteos.

La denuncia abre así una nueva instancia en una discusión que hasta ahora venía desarrollándose principalmente dentro del Congreso: cómo se valúan las empresas públicas que serán privatizadas, quién realiza esas tasaciones y hasta qué punto esa información puede mantenerse reservada mientras avanzan las licitaciones.

TEXTO DE LA DENUNCIA