Por: Guillermo Pérez Luque08/10/2026

ADELANTO: Diputados presentaron un amparo federal para frenar la venta de tierras en Península de Magallanes

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Río Gallegos por los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy. Piden una medida cautelar para impedir que avance la transferencia de dos parcelas ubicadas en la Península de Magallanes mientras se discute la validez del marco legal que habilitó la operación.
 

Cuatro diputados provinciales de la oposición presentaron en las últimas horas una acción de amparo ante la Justicia Federal de Río Gallegos vinculada con la venta de tierras en la Península de Magallanes, un tema que Ahora Calafate viene siguiendo desde que se conoció la autorización excepcional otorgada por el Gobierno de Santa Cruz.

Ahora Calafate pudo saber que la presentación fue realizada por Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, quienes buscan que la Justicia intervenga antes de que la operación inmobiliaria quede definitivamente perfeccionada.

El planteo apunta especialmente a la transferencia de las parcelas identificadas como G2 y G3, dentro del área protegida Península de Magallanes, cuya venta fue autorizada por el Poder Ejecutivo provincial mediante el Decreto 915/2026.

Agostina Mora y Carlos Alegría, dos de los diputados que firmaron la presentación ante la Justicia Federal

Piden una medida cautelar

Ahora Calafate puede confirmar que el amparo solicita una medida cautelar urgente destinada a mantener congelada la situación jurídica y registral de las tierras mientras se analiza la cuestión de fondo.

En términos prácticos, el objetivo es impedir que durante la tramitación judicial puedan avanzar actos como la escrituración, inscripción registral, entrega de posesión o ejecución material del proyecto sobre esas parcelas.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el planteo busca evitar que una eventual transferencia torne irreversible la situación antes de que exista una definición judicial.

También supimos que la acción no se limita al decreto provincial. Uno de los puntos centrales es el cuestionamiento al DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno Nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, norma que establecía restricciones para la adquisición de tierras por capitales extranjeros.

Los legisladores sostienen que la discusión sobre la constitucionalidad de esa derogación tiene incidencia directa en la operación autorizada en Península de Magallanes.

La presentación también cuestiona distintos aspectos del procedimiento administrativo provincial que terminó con la autorización de la venta y plantea reparos vinculados con la ubicación de las parcelas, su relación con un área natural protegida y la proximidad con el Parque Nacional Los Glaciares, Lago Rico y el Glaciar Perito Moreno.

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Una causa que ahora llega a la Justicia Federal

La controversia venía desarrollándose hasta ahora principalmente en el plano político, administrativo y legislativo.

Como informó Ahora Calafate, el Decreto 915/2026 autorizó de manera excepcional una operación vinculada al proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro, promovido para un sector de Península de Magallanes.

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Desde el Gobierno provincial defendieron la iniciativa argumentando que se trata de una inversión turística de gran escala, con generación de empleo y requisitos ambientales.

En paralelo, desde distintos sectores surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de la autorización, el procedimiento utilizado y la posibilidad de transferir tierras ubicadas en una zona ambientalmente sensible a una sociedad controlada por capital extranjero.

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Con el amparo presentado ahora ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, la discusión ingresa formalmente en una nueva etapa.

La primera definición relevante será saber si la Justicia hace lugar o no a la medida cautelar solicitada para impedir que la operación avance mientras se resuelve el planteo de fondo.

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Ahora Calafate continuará ampliando la información sobre los argumentos jurídicos de la presentación y los antecedentes de una operación que ya generó una fuerte controversia en Santa Cruz.