“Se vienen a quedar con nuestros recursos naturales”: Ianni cuestionó la venta de tierras frente al glaciar
La polémica por la venta de tierras en Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, llegó al Congreso Nacional de la mano de la diputada santacruceña Ana María Ianni, quien cuestionó la autorización excepcional otorgada por el gobierno provincial a una operación inmobiliaria vinculada con capitales extranjeros.
La legisladora participó el pasado viernes 9 de octubre de una reunión del bloque de Unión por la Patria con organizaciones ambientalistas, en la que se analizaron las consecuencias de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
En su intervención, Ianni vinculó la eliminación de las restricciones nacionales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros con otras decisiones del Gobierno nacional relacionadas con el turismo, las concesiones y las actividades dentro de áreas naturales protegidas.
Para ejemplificar sus cuestionamientos, mencionó expresamente lo ocurrido en Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que habilita una operación inmobiliaria dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en un sector de especial importancia ambiental y turística.
La diputada cuestionó la llegada de capitales extranjeros que, según su interpretación, buscan aprovechar los cambios normativos para desarrollar negocios sobre recursos naturales estratégicos.
“Son los que se vienen a quedar con nuestros recursos naturales, con nuestras tierras, con los negocios también”, expresó durante su intervención, al referirse a los inversores extranjeros.
Ianni aclaró que no está en contra de las inversiones privadas, pero sostuvo que deben concretarse dentro de los límites establecidos por la legislación y respetando las condiciones de protección del territorio.
El caso de Península de Magallanes
La legisladora hizo referencia a la decisión del Ejecutivo santacruceño de autorizar una excepción a las restricciones provinciales sobre adquisición de tierras por extranjeros en áreas protegidas.
Mediante el Decreto 915/2026, firmado el 1° de septiembre, el Gobierno provincial habilitó la transferencia de tierras pertenecientes a Lacustre del Sud S.A. a favor de ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina controlada por una empresa constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
La operación está vinculada con el proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro. La autorización fue concedida por el Ejecutivo provincial “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, ya que desde 2017 existen restricciones específicas para la adquisición de inmuebles por extranjeros dentro de áreas protegidas de Santa Cruz.
La decisión provocó cuestionamientos políticos, institucionales y ambientales, especialmente por la ubicación de los terrenos y por las condiciones bajo las cuales se habilitó la operación.
En ese contexto, Ianni planteó que la venta de tierras no puede analizarse de manera aislada de las demás políticas nacionales de desregulación.
La diputada advirtió sobre las consecuencias de permitir inversiones turísticas en sectores donde existen limitaciones establecidas por los planes de manejo y las normas de conservación.
En su exposición mencionó particularmente la situación de El Calafate y El Chaltén, localidades cuya actividad turística está estrechamente relacionada con el Parque Nacional Los Glaciares.
Para Ianni, la discusión también involucra la soberanía sobre los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de las comunidades locales.
La legisladora relacionó esta situación con las dificultades que enfrentan los habitantes de la región para acceder a la tierra y a la vivienda, mientras se autorizan operaciones inmobiliarias destinadas a grandes proyectos de inversión.
Las declaraciones de Ianni se producen después de varias semanas de cuestionamientos a la decisión del Gobierno provincial, que ya motivaron reclamos de instituciones de El Calafate, intervenciones legislativas y una presentación judicial.
Como dio a conocer Ahora Calafate el 8 de octubre, diputados provinciales de la oposición impulsaron una acción judicial ante la Justicia Federal de Río Gallegos, acompañados por el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). Solicitaron una medida cautelar destinada a impedir que se concrete la transferencia de las parcelas mientras se analiza la validez de las autorizaciones y el marco normativo aplicado.
Por su parte, el Gobierno de Santa Cruz defiende la legalidad del procedimiento. El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, afirmó que el organismo actuó conforme a las normas vigentes. El decreto provincial también establece que el proyecto deberá cumplir con las exigencias ambientales y territoriales correspondientes.
Ianni también cuestionó las desregulaciones turísticas
Durante su intervención en el Congreso, Ana María Ianni amplió el alcance de sus críticas y sostuvo que la discusión sobre las tierras forma parte de un proceso de desregulación más extenso.
Recordó que el DNU 70/2023 derogó las leyes nacionales que regulaban la actividad de las agencias de viajes y los establecimientos hoteleros, y vinculó esa decisión con posteriores modificaciones en materia de concesiones y servicios turísticos.
También cuestionó las medidas que flexibilizaron las condiciones para determinadas actividades dentro de los parques nacionales y las disposiciones relacionadas con el trabajo de los guías de turismo.
La diputada mencionó expresamente a El Chaltén, localidad que hoy cumple 41 años, y señaló que sus habitantes vienen manifestando preocupación por distintos problemas relacionados con el acceso al agua, las regulaciones de los parques nacionales y los servicios turísticos.
Desde su perspectiva, la disminución de los controles estatales puede tener consecuencias particularmente importantes en territorios patagónicos caracterizados por su extensión, baja densidad poblacional y riqueza natural.
Ianni sostuvo que el bloque de Unión por la Patria buscará visibilizar esas situaciones, remarcando que la controversia sobre la adquisición de tierras constituye solo una parte de un debate más amplio.
La oposición quiere rechazar el DNU 70/2023
Las declaraciones de la legisladora santacruceña se produjeron en el marco de los preparativos de una sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre, a las 14 horas, en la Cámara de Diputados de la Nación.
La iniciativa es impulsada por Unión por la Patria, sectores de otros bloques opositores y legisladores de izquierda, con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas utilizadas por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión.
El decreto, publicado en diciembre de 2023, introdujo numerosas reformas y derogaciones de normas vinculadas con actividades económicas, contratación, comercio y servicios, entre otras materias.
Uno de sus artículos, el 154, dispuso la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.
El Senado de la Nación rechazó el DNU en marzo de 2024. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados también lo rechazara, se produciría su derogación parlamentaria, sin efectos retroactivos sobre los derechos adquiridos durante su vigencia.
Sin embargo, la oposición todavía no tiene garantizado el quórum de 129 diputados necesario para abrir la sesión. El oficialismo trabaja para impedir que se reúna ese número, mientras los bloques que impulsan la convocatoria buscan sumar adhesiones.
El temario también contempla iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.