Península Magallanes: Diputados buscan derogar el decreto y prohibir nuevas excepciones para vender tierras
La controversia por la venta de tierras en Península Magallanes, frente al área del glaciar Perito Moreno, sumó una nueva vía. Además del planteo que ya llegó a la Justicia Federal, un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que apunta directamente contra el Decreto 915/2026 firmado por el gobernador Claudio Vidal.
La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado y ahora deberá comenzar su análisis en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.
El proyecto está firmado por los diputados Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic y propone bastante más que una simple derogación del decreto.
Qué quieren cambiar
El primer artículo propone derogar íntegramente el Decreto 915/26, dictado el 1° de septiembre.
Esa norma permitió, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, apartarse de una restricción establecida por el Decreto 994/2017 para posibilitar la transferencia de tierras de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate S.A.U.
Esta última es una sociedad constituida en Argentina, pero su único accionista es ASB Hospitality LLC, radicada en Emiratos Árabes Unidos. La operación se encuentra vinculada al denominado Master Plan Ecocentro.
El Decreto 915 sigue formalmente vigente y el Gobierno provincial ha sostenido que la excepción está limitada exclusivamente a esta operación, que no constituye un precedente automático y que cualquier desarrollo deberá cumplir las normas ambientales y territoriales correspondientes.
El nuevo proyecto busca eliminar esa autorización desde el ámbito legislativo. No sólo derogar el decreto Ya el segundo artículo propone declarar “nulos de nulidad absoluta, de ningún valor ni efecto jurídico” todos los actos administrativos, permisos, autorizaciones o convenios realizados como consecuencia del Decreto 915.
La redacción incluye incluso las inscripciones o instrumentos que hayan intentado transferir el dominio de los inmuebles involucrados.
En términos sencillos, si la ley fuera sancionada tal como está redactada, no solamente desaparecería el decreto que habilitó la excepción. El proyecto pretende dejar sin efecto también las actuaciones que se hubieran realizado apoyándose en esa autorización.
Ese alcance será seguramente uno de los puntos jurídicos que deberán analizar las comisiones durante el tratamiento.
Convertir en ley una restricción
Otro aspecto central es el Decreto Provincial 994/2017. Esa norma, dictada durante la gestión de Alicia Kirchner, estableció restricciones para la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles ubicados total o parcialmente dentro de áreas protegidas, reservas y parques provinciales.
Precisamente esa regulación fue la que obligó al actual Gobierno a dictar el Decreto 915 para exceptuar específicamente la operación de Península Magallanes. El Proyecto 717 propone ahora otorgar al Decreto 994/2017 jerarquía de ley.
La intención de los autores es que esas restricciones dejen de depender de una norma dictada por el Poder Ejecutivo y pasen a estar respaldadas directamente por una ley de la Legislatura.
Cerrar la puerta a nuevas excepciones
La propuesta contiene además una prohibición expresa. El artículo 4 del proyecto al que accedió Ahora Calafate establece que el Poder Ejecutivo y sus organismos no podrán conceder excepciones individuales, dispensas o autorizaciones particulares que alteren las restricciones de dominio y conservación aplicables a Península Magallanes.
Este punto responde directamente al mecanismo utilizado con el Decreto 915. Aunque aquella norma señala que la autorización fue concedida “por única vez”, los legisladores que impulsan la derogación consideran que permitir al Ejecutivo establecer excepciones particulares deja abierta la posibilidad de utilizar nuevamente ese procedimiento.
En los fundamentos afirman que pretenden establecer “una valla normativa clara” para impedir futuras excepciones de ese tipo.
El argumento de los diputados
Los autores sostienen que el Decreto 915 presenta problemas de constitucionalidad y cuestionan que el Ejecutivo haya modificado mediante una excepción administrativa las condiciones aplicables a una operación dentro de un área natural protegida.
Península Magallanes fue declarada Reserva Provincial en 1993 y posteriormente incorporada al sistema provincial de áreas protegidas. Desde 2022 cuenta además con un Plan de Gestión que establece zonas, objetivos de conservación y restricciones de uso.
Uno de los argumentos del proyecto es que la Ley Provincial 3466 establece que la afectación, modificación o desafectación de áreas protegidas requiere intervención legislativa.
A partir de allí, sus autores sostienen que la excepción concedida mediante el Decreto 915 implicó una alteración que, en su interpretación, debía pasar por la Legislatura.
Dos caminos para cuestionar la operación
La iniciativa legislativa aparece prácticamente en simultáneo con otro frente abierto la semana pasada.
Los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy presentaron ante la Justicia Federal de Río Gallegos una acción de amparo vinculada con las parcelas G2 y G3 de Península Magallanes.
Allí pidieron una medida cautelar para impedir que mientras se tramita la causa puedan concretarse actos que consoliden la transferencia, como la escrituración, inscripción registral o entrega de posesión.
Los dos caminos tienen objetivos relacionados pero funcionan de manera diferente.
El amparo busca que intervenga la Justicia, analiza también la aplicación de la Ley Nacional de Tierras Rurales y pretende impedir que la operación avance mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El Proyecto 717 actúa dentro de la Legislatura provincial: propone eliminar la excepción concedida por el Ejecutivo, dejar sin efecto sus consecuencias y modificar el marco normativo provincial para impedir nuevas autorizaciones similares.
Por eso el nuevo proyecto no reemplaza al amparo. Se trata de dos vías paralelas, una judicial y otra legislativa, contra la misma operación.