Hasta 15 años sin impuestos provinciales y subsidios en servicios: los incentivos de la nueva Ley de Promoción Industrial
El Gobierno de Santa Cruz presentó los alcances de la nueva Ley de Promoción Industrial, una herramienta con la que busca atraer inversiones privadas, incentivar la instalación de nuevas empresas, ampliar las actividades productivas existentes y generar puestos de trabajo para los santacruceños.
El acto se realizó en las instalaciones de Santa Cruz Puede SAU, con la participación del gobernador Claudio Vidal, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich; y el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez.
La presentación permitió conocer detalles de los beneficios establecidos por la Ley Provincial 4011, sancionada en junio de este año, que modificó el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial creado por la Ley 3092. La normativa fue recientemente reglamentada mediante el Decreto 1065/2026, publicado en el Boletín Oficial del 23 de octubre.
El nuevo esquema contempla exenciones de impuestos provinciales de hasta 15 años, subsidios sobre los servicios de electricidad, agua y cloacas, financiamiento preferencial y reintegros por contratación de trabajadores santacruceños. También incorpora herramientas destinadas a favorecer a pequeñas y medianas empresas que actúen como proveedoras de los nuevos emprendimientos.
Hasta 15 años de exenciones impositivas
Uno de los principales incentivos es la posibilidad de obtener exenciones de tributos provinciales, tanto existentes como de aquellos que pudieran crearse en el futuro.
La duración de estos beneficios dependerá de la ubicación de cada emprendimiento:
Hasta 10 años para empresas instaladas fuera de parques industriales.
Hasta 15 años para aquellas que se radiquen dentro de parques industriales.
La normativa también establece subsidios para reducir los costos de servicios esenciales para la actividad productiva.
Las empresas ubicadas fuera de parques industriales podrán recibir hasta el 25% de subsidio en electricidad, agua y cloacas durante un máximo de cinco años.
En cambio, para las que se instalen dentro de parques industriales, el beneficio podrá alcanzar el 50% de esos costos durante un máximo de diez años.
Durante su exposición, Lunzevich remarcó que estos porcentajes y plazos representan límites máximos. Cada proyecto será evaluado individualmente y los beneficios podrán otorgarse de manera parcial, según sus características, su importancia estratégica y los recursos disponibles.
De esta manera, la ley busca incentivar especialmente la radicación de empresas en parques industriales, donde se pretende concentrar infraestructura y servicios destinados a la producción.
Beneficios para contratar trabajadores santacruceños
Otro de los ejes centrales es la generación de empleo privado.
La normativa contempla la devolución de aportes y contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores santacruceños.
Lunzevich explicó que el reintegro podrá alcanzar hasta el 50% de esos conceptos durante un año, como incentivo para las empresas que incorporen personal.
La ministra Nadia Ricci aclaró que la reglamentación apunta específicamente a la creación de nuevos puestos de trabajo, evitando que se otorguen beneficios por empleados que ya integraban las nóminas de las empresas.
"Acá se premia el puesto nuevo, no la nómina que ya existe", afirmó.
La funcionaria vinculó esta herramienta con las políticas provinciales de formación y capacitación, señalando que será necesario coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo, el Consejo Provincial de Educación, universidades y las propias empresas para preparar los perfiles laborales que requieran las nuevas inversiones.
Incentivos para las pymes y proveedores locales
Una de las herramientas destacadas durante la presentación es la posibilidad de emitir certificados de crédito fiscal vinculados con las inversiones realizadas.
Estos certificados podrán utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales y también podrán ser transferidos a empresas proveedoras santacruceñas que estén inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y tengan reconocida su condición de proveedor local.
El porcentaje de la inversión que podrá reconocerse mediante estos certificados será determinado por el comité encargado de evaluar cada proyecto.
Según explicó Lunzevich, el objetivo es que las grandes inversiones no se limiten a contratar servicios y comprar insumos fuera de la provincia, sino que incorporen a las empresas locales a sus cadenas de producción.
La intención es generar oportunidades para pequeños y medianos emprendimientos santacruceños que puedan ofrecer bienes, servicios, equipamiento o asistencia a actividades como la minería, los hidrocarburos, la pesca y otras industrias.
A esto se agrega la creación del Fondo de Incentivo Industrial, que permitirá otorgar créditos a tasas preferenciales, financiamiento directo y subsidios sobre las tasas de interés de préstamos destinados a proyectos productivos.
También se prevé facilitar el acceso a sistemas de garantías recíprocas y brindar asistencia técnica mediante organismos públicos, universidades e instituciones de investigación.
Estabilidad fiscal por 30 años
La ley incorpora además una garantía de estabilidad fiscal para las empresas que accedan al régimen.
Según lo establecido en la normativa, una vez finalizados los períodos de exención impositiva, las empresas beneficiarias gozarán de estabilidad fiscal durante 30 años adicionales.
Lunzevich explicó que, en los casos de proyectos radicados fuera de parques industriales que reciban diez años de exenciones, la combinación de ambos instrumentos podría representar un horizonte de hasta 40 años de previsibilidad fiscal.
La medida busca ofrecer condiciones de largo plazo para inversiones que requieren importantes desembolsos iniciales y varios años para recuperar el capital invertido.
Qué actividades pueden acceder
La actualización legislativa amplía el alcance del régimen de promoción industrial, incorporando actividades que exceden la industria manufacturera tradicional.
Entre los sectores contemplados aparecen la minería, los hidrocarburos, la energía, la pesca, el turismo, la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la construcción, las industrias del conocimiento y los servicios.
La ministra Ricci sostuvo que esta ampliación apunta a modificar una estructura económica fuertemente concentrada en la explotación de recursos naturales.
Durante su exposición recordó que las exportaciones santacruceñas dependen en gran medida del sector minero, situación que el Gobierno pretende modificar mediante el desarrollo de nuevas actividades y la incorporación de valor agregado.
Por su parte, el ministro Jaime Álvarez ejemplificó las posibilidades de industrialización con productos e insumos que actualmente se adquieren fuera de Santa Cruz.
Entre ellos mencionó la fabricación de mallas utilizadas en la minería subterránea, la producción de insumos químicos para esa actividad, el procesamiento de residuos pesqueros y cárnicos, la fabricación de muebles a partir de madera regional y la elaboración de alimentos preparados con carne ovina y productos del mar.
El funcionario insistió en que la ley también está pensada para empresas santacruceñas que ya están trabajando y desean ampliar sus actividades, además de los inversores nacionales o extranjeros que puedan instalarse en la provincia.
Los beneficios no serán automáticos
Los funcionarios hicieron especial hincapié en que acceder a la promoción industrial exigirá presentar proyectos concretos, demostrar su viabilidad y cumplir compromisos de inversión.
El otorgamiento de los incentivos estará a cargo de un Comité de Evaluación, integrado por representantes del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio e Industria y de la Subsecretaría de Industria.
Entre los criterios de análisis se considerarán la generación de empleo, la incorporación de proveedores locales, el aporte al desarrollo económico, la localización de los emprendimientos y su impacto ambiental.
La normativa también establece que la evaluación de cada proyecto deberá completarse en un plazo máximo de 60 días corridos, contados desde la presentación de toda la documentación requerida.
Ricci destacó esta disposición al señalar que el propio Estado se impone un límite para evitar demoras administrativas que puedan desalentar inversiones.
Además, las empresas deberán cumplir los cronogramas aprobados. El régimen establece límites a las demoras en la puesta en marcha de los proyectos y contempla la pérdida de beneficios ante determinados incumplimientos.
La ministra sostuvo que el objetivo es evitar inversiones ficticias o presentaciones destinadas únicamente a obtener ventajas fiscales, sin desarrollar efectivamente las actividades comprometidas.
Una apuesta al empleo privado y a la diversificación
En el cierre de la presentación, el gobernador Claudio Vidal destacó el trabajo realizado para modificar el régimen y consideró que se trata de una herramienta central de su política económica.
El mandatario reconoció que la decisión demandó varios meses de análisis entre diferentes organismos provinciales, especialmente por el esfuerzo fiscal que representa ofrecer exenciones, subsidios y financiamiento.
También convocó a intendentes y comisionados de fomento a impulsar parques industriales en las localidades, con el propósito de aprovechar las oportunidades que ofrece la normativa.
El Gobierno provincial sostiene que el desarrollo del empleo privado y la incorporación de valor agregado a los recursos santacruceños son fundamentales para diversificar la economía y reducir su dependencia del empleo público.
Con la reglamentación ya publicada, la próxima etapa será la presentación y evaluación de proyectos de inversión, instancia en la que comenzará a medirse el interés concreto de las empresas y el alcance efectivo de los incentivos que ofrece la provincia.