Aprobaron cambios en el régimen de promoción industrial de Santa Cruz

El pasado jueves la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una importante modificación al marco legal que regula el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, una herramienta que busca incentivar inversiones, generar empleo y diversificar la matriz productiva de la provincia.

La iniciativa había sido presentada en abril por el jefe de la bancada oficialista, Santiago Aberastain, y obtuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo legislativo con 20 votos afirmativos y dos abstenciones.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es modernizar las leyes provinciales 3092 y 3519, adaptándolas a los cambios económicos y tecnológicos de los últimos años y ampliando las herramientas disponibles para promover nuevas actividades productivas en Santa Cruz.

El texto al que accedió Ahora Calafate pone especial énfasis en la generación de empleo, el agregado de valor a los recursos provinciales, la incorporación de tecnología y la radicación de inversiones en zonas donde actualmente existe escasa oferta de servicios o infraestructura productiva.

Entra la economía del conocimiento 

En los fundamentos, Aberastain sostiene que la reforma busca adaptar Santa Cruz a las demandas productivas del siglo XXI y generar condiciones para un desarrollo económico más diversificado y sostenible, con nuevas oportunidades de inversión y empleo para los santacruceños.

En ese sentido, uno de los cambios más importantes es la incorporación de las industrias del conocimiento y los servicios al cliente como actividades prioritarias para acceder a los beneficios promocionales.

Hasta ahora el régimen estaba orientado principalmente a sectores tradicionales vinculados a la producción. Con la modificación aprobada, también podrán acceder a incentivos proyectos relacionados con tecnología, software, servicios digitales, centros de atención remota y otras actividades basadas en el conocimiento.

El proyecto destaca además la importancia de emplear recursos humanos santacruceños para prestar servicios vinculados a estas nuevas industrias.

Beneficios fiscales

La reforma amplía el esquema de incentivos para las empresas que decidan invertir en Santa Cruz.

Entre los beneficios se contempla la exención de tributos provinciales por hasta diez años para emprendimientos radicados fuera de parques industriales y por hasta quince años para quienes se instalen dentro de esos espacios productivos.

También se prevén subsidios sobre los costos de energía eléctrica, agua y cloacas, líneas de financiamiento a tasas preferenciales, subsidios de tasas de interés y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos.

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Además, las empresas beneficiarias podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles a proveedores locales inscriptos en el Registro Único Provincial de Actividades Económicas.

Estabilidad fiscal

Otro de los puntos destacados de la ley es la incorporación de un esquema de estabilidad fiscal por 30 años para las empresas que hayan accedido al régimen promocional y cumplido los plazos de exenciones previstos.

La norma también establece que los municipios que adhieran al sistema deberán acompañar la política provincial mediante la reducción o exención de tasas e impuestos locales.

Nuevos fondos para financiar proyectos

La ley crea además el Fondo de Incentivo Industrial de Santa Cruz, destinado a financiar emprendimientos productivos mediante créditos, subsidios y desgravaciones impositivas.

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por representantes de los ministerios de Producción y Economía, además de áreas técnicas vinculadas a la industria. Entre los criterios de evaluación se priorizarán la generación de empleo local y las buenas prácticas ambientales.

El Gobierno enviará un paquete de leyes para asistir al sector productivo

Por otra parte, se fortalece el Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo, orientado a financiar capacitación, equipamiento, herramientas de gestión y tecnología aplicada para emprendimientos productivos de la provincia.

Entre los sectores considerados prioritarios para acceder al régimen figuran las actividades vinculadas a la producción agrícola, ganadera, forestal, minera, hidrocarburífera, energética, pesquera, turística, de la construcción y, ahora también, las industrias del conocimiento y los servicios tecnológicos.