Represas. Jaime Álvarez dijo que habría que revisar el acuerdo que dejó las centrales hidroeléctricas en manos de Nación
Mientras avanzan los acuerdos para reactivar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, el ministro provincial de Energía y Minería, Jaime Álvarez, planteó la necesidad de revisar las condiciones que determinaron que las centrales hidroeléctricas quedaran bajo la órbita del Estado nacional, en lugar de pasar a manos de la Provincia una vez recuperada la inversión.
La declaración fue realizada durante una entrevista con FM Dimensión de El Calafate, en la que el funcionario explicó los alcances de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alicia Kirchner, que modificó sustancialmente el régimen previsto originalmente.
"Me parece que el convenio que se firmó entre Aranguren y la gobernadora Alicia Kirchner no es beneficioso para la provincia de Santa Cruz", afirmó Álvarez, en referencia al entendimiento alcanzado con el entonces ministro nacional de Energía, Juan José Aranguren.
El funcionario consideró que Santa Cruz debería tener una participación económica mucho mayor en el aprovechamiento de un recurso natural que pertenece a la Provincia.
Álvarez recordó que, cuando se diseñó originalmente el complejo hidroeléctrico, el esquema contemplaba que la energía producida permitiría recuperar la inversión y cancelar el financiamiento utilizado para construir las represas.
Según explicó, una vez pagada la deuda, las centrales quedarían para Santa Cruz, que podría aprovechar durante las décadas siguientes los ingresos generados por su funcionamiento.
Sin embargo, ese mecanismo cambió durante la gestión de Mauricio Macri. "En el año 2016 o 17, Aranguren era ministro de Energía de la República Argentina, firmó un acuerdo con la gobernadora Alicia Kirchner y en ese momento se cambió este esquema", recordó.
El ministro sostuvo que, como consecuencia de esa modificación, las represas quedaron en la órbita nacional y Santa Cruz pasó a tener reconocido un beneficio equivalente al 12% del valor de la energía comercializada.
"Entregar la potestad de las represas y el 88% del beneficio económico y de la energía al gobierno nacional no nos parece justo cuando es un recurso natural de la provincia de Santa Cruz", cuestionó.
El convenio establece concretamente que Santa Cruz percibirá el equivalente al 12% del importe de la venta de la energía generada, sin que eso signifique que sea propietaria de ese porcentaje de las instalaciones o que reciba físicamente esa proporción de electricidad.
Qué se acordó entre Macri y Alicia Kirchner
La modificación que cuestiona Álvarez tiene antecedentes documentados. En abril de 2012, durante la gestión provincial de Daniel Peralta y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se había firmado un Convenio Marco entre Nación, Provincia y distintos organismos vinculados con la construcción y comercialización de energía.
Ese acuerdo fue ratificado por la Legislatura santacruceña mediante la Ley Provincial 3320. Cuatro años después, tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, el Gobierno nacional comenzó una revisión integral del proyecto hidroeléctrico.
El entonces ministro Juan José Aranguren planteó modificaciones técnicas, económicas y ambientales. Entre otras medidas, se resolvió reducir la cantidad de turbinas, de once a ocho, modificar las condiciones de funcionamiento de las centrales y revisar los contratos con las empresas constructoras y las entidades financieras chinas.
En ese contexto se desarrollaron negociaciones entre Nación y Santa Cruz, en las que tuvo una participación destacada el entonces vicegobernador Pablo González, quien mantuvo reuniones con Aranguren para intentar destrabar las obras.
Uno de los cambios más importantes fue precisamente el régimen de explotación y de distribución de los beneficios económicos. El acuerdo fue finalmente ratificado por Alicia Kirchner mediante el Decreto Provincial 224/2017, aprobado por la Legislatura el 23 de marzo de ese año y promulgado como Ley 3528, publicada en el Boletín Oficial del 12 de abril de 2017.
El documento establece expresamente que los derechos de explotación y concesión de las obras corresponden al Estado nacional, en los términos de la Ley de Energía Eléctrica 15.336.
También dejó sin efecto una cláusula del convenio de 2012 y comprometió a la Provincia a transferir a Nación el dominio de los inmuebles donde se asentarían las centrales y sus instalaciones asociadas. Como contrapartida, Santa Cruz percibiría el equivalente al 12% del importe de la venta de la electricidad generada.
De esta manera, el acuerdo modificó aspectos fundamentales del esquema original, aunque Nación ya tenía responsabilidades centrales en la financiación, licitación y ejecución de las represas.
Jaime Álvarez también era funcionario
Un antecedente relevante es que Jaime Álvarez ya integraba el Gobierno de Alicia Kirchner cuando se negociaron estas modificaciones. En 2016 se desempeñaba como presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, organismo desde el cual realizaba el seguimiento del proyecto hidroeléctrico.
De hecho, en marzo de aquel año, cuando Nación comenzó a plantear los cambios, Álvarez ya había manifestado públicamente su preocupación.
En declaraciones periodísticas de entonces, advirtió que la reducción de la potencia prevista podía afectar las posibilidades de industrialización de Santa Cruz y sostuvo que las modificaciones debían consensuarse con la Provincia, las empresas constructoras y las autoridades chinas.
Su posición de entonces permite establecer que los cuestionamientos del actual ministro a las modificaciones introducidas durante el gobierno de Macri tienen antecedentes en aquella misma época.
Sin embargo, no surge de los documentos consultados que Jaime Álvarez haya sido uno de los firmantes del convenio sobre propiedad y explotación de las centrales. El acuerdo fue celebrado entre Aranguren y Alicia Kirchner, y posteriormente aprobado por la Legislatura provincial.
En la decisión también influyó la necesidad del Gobierno santacruceño de recuperar una construcción que atravesaba una prolongada paralización, con consecuencias laborales y económicas para distintas localidades.
"Hay que volver a discutirlo"
Durante la entrevista con FM Dimensión, Álvarez manifestó que el actual Gobierno provincial considera necesario revisar las condiciones acordadas casi una década atrás.
Ante la consulta sobre si debería recuperarse el esquema originalmente previsto, respondió afirmativamente.
Sostuvo que, aun reconociendo la necesidad de cancelar el financiamiento de las obras, Santa Cruz debería obtener una participación mucho mayor una vez recuperada la inversión.
"Seguramente se abrirán espacios de diálogo y de acuerdo en donde se revean aquellas cuestiones que han sido firmadas con anterioridad y que creemos que son injustas para la provincia", manifestó.
El ministro aclaró que no se trata solamente de una discusión vinculada con la actual administración provincial, sino de una decisión que podría tener consecuencias durante varias décadas.
Explicó que una central hidroeléctrica correctamente mantenida puede tener una vida útil de 50 o 60 años, por lo que la distribución de los ingresos que genere constituye una cuestión de largo plazo.
También señaló que las condiciones económicas del proyecto cambiaron considerablemente desde su concepción original.
No solamente se modificó la cantidad de turbinas y la potencia instalada, sino también los costos de construcción, los plazos y las perspectivas de comercialización eléctrica.
Por ese motivo, consideró que las condiciones financieras y económicas deberían volver a analizarse.
Una discusión que vuelve mientras se prepara la reactivación
Las declaraciones del ministro se producen después de la firma de los acuerdos para reactivar la construcción de La Barrancosa, la más avanzada de las dos centrales hidroeléctricas.
Como informó Ahora Calafate tras la entrevista con Álvarez, el funcionario estimó que completar esa represa demandará aproximadamente tres años, mientras que Cóndor Cliff continuará postergada hasta que existan condiciones para retomar su construcción.
Por ahora, la Provincia no anunció la apertura formal de una renegociación con Nación sobre el régimen de explotación ni la presentación de una propuesta concreta para modificar el convenio de 2017.
Lo que Álvarez expresó en FM Dimensión es la posición del Gobierno provincial respecto de un acuerdo que considera desfavorable y que entiende necesario revisar.