Ticó y Romanelli coincidieron en una audiencia pública y se desató una controversia

La concejal abandonó el recinto del Concejo Deliberante de El Chaltén al encontrarse con el intendente y acudió a la Policía para denunciar un presunto incumplimiento de la restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia.  Romanelli responsabilizó a la presidencia del Concejo por lo sucedido. Desde el Municipio explicaron que el juez Alberto Ludueña había modificado la medida el 5 de noviembre, permitiendo que ambos funcionarios coincidieran en actividades institucionales, aunque manteniendo restricciones al contacto personal. 

Un episodio de tensión se produjo el pasado viernes 13 de noviembre en El Chaltén, durante la audiencia pública convocada para tratar el proyecto urbanístico Kaiken Sur. La presencia del intendente Néstor Ticó en el recinto del Concejo Deliberante provocó el retiro de la concejal Elizabeth Romanelli, quien semanas atrás lo había denunciado por presuntos hechos de violencia de género y hostigamiento digital.

La edil consideró que la presencia del jefe comunal constituía un incumplimiento de una medida de protección dictada por el juez Alberto Abel Ludueña, del Juzgado Provincial de Primera Instancia N.º 1 de El Calafate, que originalmente había establecido una prohibición de acercamiento de 200 metros.

Según relató Romanelli en un comunicado, al encontrar al intendente dentro del recinto decidió retirarse y dirigirse al Juzgado de Paz de El Chaltén, donde funciona la Defensoría Oficial. Allí le indicaron que debía efectuar una denuncia por incumplimiento en la comisaría local, hacia donde se trasladó.

La concejal también cuestionó directamente a la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes, a quien responsabilizó por no haberle informado previamente que Ticó asistiría a la audiencia pública.

“Esto se manejó muy mal, responsabilizo directamente a la Presidencia del Concejo por el destrato hacia mi persona”, expresó Romanelli.

En su comunicado sostuvo que las autoridades legislativas conocían la existencia de las medidas de protección, ya que habían sido notificadas el 22 de octubre, y consideró que se podría haber organizado la actividad de otra manera para evitar la situación. 

La Justicia había modificado la restricción

Sin embargo, la medida judicial original había sido modificada días antes de que ocurriera el episodio.

De acuerdo con fuentes consultadas por Ahora Calafate, el 5 de noviembre el juez Ludueña resolvió dejar sin efecto la prohibición de acercamiento de 200 metros que pesaba sobre Ticó y sustituirla por nuevas condiciones, teniendo en cuenta que tanto el intendente como la concejal ejercen funciones públicas.

La decisión judicial buscó evitar que las restricciones impidieran el normal desarrollo de las responsabilidades institucionales de ambos funcionarios.

La modificación permite que Ticó y Romanelli coincidan en actividades vinculadas con sus funciones públicas, pero mantiene prohibido el contacto por motivos ajenos a cuestiones estrictamente institucionales, ya sea de manera directa, por otros medios o a través de terceras personas.

También se mantienen las disposiciones destinadas a prevenir situaciones de violencia o faltas de respeto hacia la concejal y su entorno.

La explicación del Municipio y la intervención policial

El secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén, Eric Nieves, brindó declaraciones a Ahora Calafate sobre lo sucedido y confirmó la existencia de la resolución judicial.

“Mucho no puedo explayarme ya que la causa tiene reservas, es una causa reservada”, aclaró inicialmente.

Luego explicó que el juez dictó la modificación el 5 de noviembre y que la decisión fue notificada el día 10, tres días antes de la audiencia pública.

En ese sentido, precisó que el cambio permitía que ambos pudieran coincidir en actos institucionales, sin que eso implicara habilitar contactos por otros motivos.

Nieves también relató cómo intervino durante el episodio del viernes, cuando observó la presencia de personal policial en las inmediaciones del Concejo Deliberante. “Yo no hablé con la concejal (Romanelli). Vi el episodio que estaba sucediendo con la policía afuera del Concejo Deliberante, entonces me acerqué a los policías y les dije que se quedaran tranquilos”, manifestó.

Seguidamente, explicó que se dirigió al edificio municipal para buscar la notificación judicial. “Me crucé al municipio, busqué la cédula de notificación con la decisión del juez, le acerqué una copia a ellos y le acerqué una copia a la presidenta del Concejo (Estefanía Leyes)”, detalló el funcionario.

La controversia por la notificación

Otro de los puntos de discusión es el conocimiento que tenían las partes sobre la modificación judicial.

En su comunicado, Romanelli sostuvo que ni ella ni la Defensoría Oficial habían sido notificadas de la decisión que permitía la coincidencia de ambos funcionarios en actos institucionales.

Esta afirmación contrasta con lo expresado por Nieves, quien aseguró que la modificación había sido dispuesta el 5 de noviembre y notificada el día 10.

La controversia se produce, por lo tanto, en torno a las condiciones de la restricción que estaban vigentes durante la audiencia pública, la comunicación de esas condiciones y la forma en que se organizó la presencia de ambos funcionarios.

El origen de la denuncia

El conflicto judicial entre Ticó y Romanelli comenzó en octubre, después de una controversia política vinculada con la gestión ambiental de El Chaltén, particularmente con la situación del Centro de Acopio de Residuos Inorgánicos (CARRI).

Tras cuestionamientos públicos de la concejal, se produjeron intercambios en redes sociales que incluyeron expresiones atribuidas al intendente con descalificaciones personales y referencias al aspecto físico de Romanelli.

La edil denunció esas manifestaciones y otros presuntos hechos de hostigamiento digital. A partir de su presentación, patrocinada por la defensora pública Ornela Guidi, el juez Ludueña dispuso medidas cautelares de protección para ella y su grupo familiar.

Posteriormente, la Justicia modificó el alcance de la prohibición de acercamiento para compatibilizar las medidas de protección con el ejercicio de las funciones públicas.