Santa Cruz lleva 16 años sin implementar su registro de ADN: presentan otra ley para hacerlo funcionar

Imputados, condenados, policías y hasta personal de seguridad privada podrían integrar una base provincial de perfiles genéticos destinada a investigar delitos y buscar personas desaparecidas. Aunque Santa Cruz aprobó la creación de un registro en 2010 y la Legislatura volvió a reclamar su reglamentación en 2025, la herramienta nunca llegó a ponerse en marcha, según los autores del nuevo proyecto. La iniciativa actualiza los procedimientos, amplía las categorías comprendidas y establece un plazo de dos años para su implementación.

Hace 16 años, Santa Cruz sancionó una ley para crear un registro de ADN que permitiera colaborar con las investigaciones judiciales y la identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, aquella herramienta nunca llegó a funcionar, según se señala en un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa ingresó en la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre y lleva las firmas de los diputados oficialistas Santiago Aberastain Zubimendi y Luis Gallardo, quienes proponen derogar la Ley Provincial 3166, aprobada en septiembre de 2010, y reemplazarla por una legislación que contemple los avances tecnológicos y nuevas condiciones de funcionamiento.

El objetivo es crear un Registro Provincial de Datos Genéticos Digitalizados, una base informática que permita comparar perfiles de ADN para establecer coincidencias entre muestras obtenidas en investigaciones criminales, identificar restos humanos y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por ejemplo, el sistema permitiría cotejar material biológico encontrado en la escena de un delito con perfiles previamente incorporados al registro, aportando información que podría resultar útil para una investigación judicial.

Mucho más que personas condenadas

Uno de los aspectos centrales del proyecto al que accedió Ahora Calafate es la amplitud de los perfiles genéticos que podrían incorporarse.

La propuesta comprende a personas imputadas, procesadas y condenadas por delitos, pero también a integrantes de la Policía, el Servicio Penitenciario, funcionarios y personal judicial que intervenga en investigaciones penales. Además, incorpora expresamente a propietarios, directivos y trabajadores de empresas de seguridad privada.

El registro también podría contener muestras de víctimas de delitos que no se hayan opuesto a su incorporación, perfiles aportados voluntariamente por familiares de personas desaparecidas y datos obtenidos de cadáveres o restos humanos cuya identidad se desconozca.

Varias de estas categorías ya estaban contempladas en la legislación de 2010. El nuevo proyecto amplía otras e incorpora procedimientos más específicos para la obtención, conservación y comparación de la información genética.

El sistema utilizaría perfiles elaborados a partir de un mínimo de 20 marcadores genéticos, que serían almacenados mediante códigos para separar la información genética de los datos personales.

Diputado Santiago Aberastain

Diputado Luis Gallardo

En 2025, la Legislatura ya había reclamado su implementación

La falta de funcionamiento del registro no es un problema que haya surgido recientemente. El 13 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución 002/2025, mediante la cual solicitó al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley 3166 en un plazo máximo de 60 días hábiles.

El pedido incluía definir los procedimientos para tomar muestras, conservar evidencias, garantizar la cadena de custodia y establecer las responsabilidades de los organismos intervinientes. Sin embargo, según los fundamentos del nuevo proyecto, aquella norma continuó sin aplicarse.

Los autores consideran que, después de tantos años, ya no alcanza con reglamentar la ley original. Sostienen que es necesario actualizarla para incorporar los avances de la genética forense y los sistemas informáticos de identificación.

También proponen un cambio institucional: mientras la legislación de 2010 ubicaba el registro bajo dependencia del Tribunal Superior de Justicia, la nueva iniciativa establece que su puesta en funcionamiento estará a cargo del Ministerio de Seguridad provincial, que deberá determinar la autoridad de aplicación.

Protección de la información

Para evitar que la nueva legislación vuelva a quedar sin aplicación, el proyecto fija dos plazos: 90 días para su reglamentación y 24 meses para completar la incorporación de los perfiles previstos.

También establece medidas de confidencialidad y restricciones para impedir que los datos genéticos sean utilizados con finalidades ajenas a las investigaciones autorizadas.

La información se conservaría durante 75 años desde su incorporación, salvo que exista una orden judicial de eliminación. Este punto, al igual que la inclusión de personas que todavía no fueron condenadas, plantea la necesidad de garantizar controles sobre el uso de información personal especialmente delicada.

La propuesta establece además la destrucción del material biológico utilizado una vez obtenido e incorporado el perfil digital.

El proyecto coincide con un reciente avance en equipamiento policial. El 11 de noviembre, el Gobierno de Santa Cruz presentó un laboratorio móvil de Criminalística destinado a mejorar la recolección y preservación de evidencias en las escenas de delitos.

Se trata de una herramienta diferente del registro de ADN, aunque ambas podrían complementar el trabajo de investigación científica.

Por ahora, el proyecto 850/2026 deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo. Su eventual aprobación abriría una nueva oportunidad para poner en funcionamiento una herramienta que Santa Cruz ya había previsto legalmente hace más de una década y media.