El Operativo Alianza Austral realizado en forma conjunta entre organismos de Argentina y Chile, sigue arrojando novedades sobre una asociación ilícita transnacional dedicada al contrabando. En nuestro país hay cuatro detenidos y 27 imputados, entre ellos miembros de fuerzas armadas y de seguridad. En Chile hay 16 detenidos.
Santa Cruz 31/08/2023
Cuatro personas detenidas, que ya fueron indagadas, y 27 imputadas por el momento -entre ellas, personas jurídicas y funcionarios públicos de fuerzas armadas y de seguridad- son el resultado de las pesquisas en marcha del lado argentino en el marco del proceso en el que interviene un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de Chile, para investigar maniobras de contrabando y otros delitos en una amplia zona de la Patagonia a ambos lados de la cordillera.
Las cuatro personas detenidas en los 49 allanamientos realizados en ocho ciudades de nuestro país el miércoles pasado fueron indagadas por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, y el fiscal federal subrogante Julio Zárate, quien cuenta con la asistencia de las procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y las direcciones generales de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRDAB).
En la causa se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional, cuyo principal cometido estaría orientado al contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero), estupefacientes, y al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto fue ampliado a la fecha a la investigación de trata de personas y/o trafico migratorio.
En Chile se realizaron 22 allanamientos, tras los cuales se imputó a 16 personas detenidas por los delitos de trafico de drogas, contrabando, lavado de activos y tráfico de migrantes. Ocho de ellos quedaron en prisión preventiva mientras que el resto quedaron bajo proceso con cautelares personales de menor intensidad (arraigo y firma mensual).
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de Magallanes y Antártica de Chile, la jueza otorgó cinco meses de plazo para investigar, luego de los cuales se deberá acusar para pasar a la fase de juicio oral.
El sábado 26 de agosto el fiscal Zárate (foto) participó -como oyente- por medios remotos de la audiencia de formalización de la imputación realizada en el vecino país, donde el proceso se lleva a cabo en el marco de un sistema acusatorio, con audiencias orales y públicas.
Los procedimientos realizados la semana pasada en Argentina tuvieron como objetivos estudios contables, domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos, funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.
La Fiscalía Federal de Río Gallegos informó a Fiscales.gob.ar que los procedimientos demandaron el desplazamiento de 284 gendarmes en 44 vehículos de esa fuerza; 35 de la Prefectura Naval, que utilizó cuatro móviles; y 30 policías federales a bordo de seis unidades.
Como resultado del despliegue territorial se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; y 5,7 millones de pesos chilenos, como también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones), material estupefaciente y otras mercaderías ingresadas al país de contrabando.
La causa se inició en noviembre de 2021 y la preparación de los procedimientos llevó meses. La investigación previa demandó tareas de inteligencia criminal por parte de miembros de fuerzas de seguridad que incluyeron la realización de seguimientos en lugares inhóspitos y de difícil acceso, lo cual implicó el desplazamiento de la logística necesaria, con asistencia alimentaria y de abrigo en operaciones cuerpo a tierra.
Ese despliegue se llevó a cabo particularmente en feriados, como Navidad y Año Nuevo, días festivos como el de la Madre, o partidos del Mundial de Fútbol, dado que eran las jornadas usualmente elegidas por los imputados para realizar las operaciones de tráfico.
En Argentina, la Fiscalía Federal de Río Gallegos comandó dos grupos de actuación junto a las fuerzas de seguridad: uno de planificación del desplazamiento y otro de labor técnica legal.
El caso
La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre yRío Turbio.
La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.
El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes.
En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas de las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos.
Con las ganancias ilícitas de estas operaciones los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.
Organización ilícita trasnacional
La organización trasnacional estaría integrada por personas de nacionalidad argentina y otras de nacionalidad chilena y contaría con el auxilio de miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de varios grupos de personas entrelazados, y de un grupo extenso de colaboradores, cuyo asiento principal se encuentra ubicado en la ciudad de 28 de Noviembre.
La organización que operaba en la Argentina estaba constituida por dos subgrupos -distinguidos por la existencia de un vínculo familiar- y por otras personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, intervenían en la organización y participaban de las maniobras ilícitas desplegadas. Es decir, por debajo de las cabecillas de ambos grupos, participaban una importante cantidad de personas subordinadas que ejecutaban diversas maniobras en un esquema de distribución de roles.
Entre ellos, intervinieron, entre otros, administradores de estancias en las que se apostan pasos no habilitados a Chile, transportistas, miembros de la Gendarmería Nacional, intermediarios y profesionales de las ciencias económicas que proveían de un andamiaje adecuado, con estructuras propicias para el ingreso al circuito legal de fondos de origen espurio, a través de la utilización de personas jurídicas que posibilitan el financiamiento de la organización.
La investigación
La investigación se inició el 2 de noviembre del 2021, a partir de una nota efectuada por personal perteneciente al Escuadrón 43 “Rio Turbio” de la Gendarmería Nacional.
Con las tareas de campo efectuadas por la Unidad de Reunión de Información “Río Gallegos”, y del contenido de las conversaciones telefónicas obtenidas de las líneas intervenidas judicialmente, se logró determinar la existencia de una organización transnacional.
A ello se sumó el trabajo de análisis realizado desde el inicio por la PROCELAC respecto de cuantiosa información fiscal y bancaria reunida en la investigación, la creación de perfiles patrimoniales y la detección de un circuito construido por la organización, permeable a la canalización de fondos espurios.
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