Santa Cruz adhirió a la “Ley Lucio” para prevención de violencia infantil

Durante la 1ra. Sesión Ordinaria, bajo la presidencia del Vicegobernador Fabián Leguizamón, los legisladores sancionaron la Adhesión a la Ley Nacional N° 27.709 “Ley Lucio” que tiene por objeto crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en materia de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a las personas que se desempeñan en el Estado.

Durante la sesión ordinaria llevada adelante en el día de ayer los legisladores sancionaron por unanimidad la adhesión a la mencionada Ley Nacional, estableciendo la capacitación para el personal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de las infancias y adolescencias.

Por último, en el articulado de la mencionada ley se estableció la invitación formal a Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a los términos de la norma que tendrá al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración como Autoridad de Aplicación.

QUE DICE LA LEY

La Ley nacional crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.