Pablo Perret
Debemos recalcar que la generalización y la descalificación sistemática que se evidencia en las declaraciones del Presidente, pero sobre todo en su último posteo en X, constituyen una metodología autoritaria que desprecia los principios más elementales de una sociedad democrática.
La descripción del comportamiento que hace el Presidente es un agravio gratuito e injustificado hacia una mayoría de periodistas que ejerce su trabajo con apego al rigor y la ética profesional
En una seguidilla de declaraciones por medios y redes sociales, Javier Milei atacó con nombre y apellido a periodistas que ejercen su derecho a preguntar o analizar la situación política del país. También, en una modalidad que se ha convertido en una lamentable costumbre, generalizó sobre una supuesta corrupción que según su punto de vista, afecta a toda la profesión.
En su último posteo en X, el Presidente aseveró: “Creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos”. Si así fuera, debería respetar el derecho de que todos expresen su forma de pensar. También, de que todo el periodismo pueda acceder a la información que su gobierno tiene la obligación de brindar. Esto no está sucediendo. Solamente quienes cuentan con la simpatía oficial pueden obtener las respuestas buscadas. La información oficial se ha convertido en una dádiva.
El Presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a decir su verdad. A lo que no tiene derecho, ni él ni nadie, es a acusar y ensuciar impunemente a todo un sector de la sociedad que cumple con los mandatos acordados en la Constitución y acuerdos internacionales para que la información, que es un bien social, llegue a toda la ciudadanía. Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un funcionario público y sobre todo el presidente de una Nación deben ejercer una tolerancia mayor hacia las expresiones “que se emiten en circunstancias o sobre asuntos que poseen gran relevancia social”.
Que un jefe de Estado agravie a periodistas y celebre la eventual pérdida de fuentes de trabajo resulta doblemente grave por la evidente asimetría de poder y por la falta de empatía y compromiso con el pueblo de la Nación al que representa en su carácter de mandatario. El respeto a las normas que rigen su conducta y función debe ser siempre prioritario. Como organización que vela por la calidad y la ética en el periodismo, FOPEA propicia la autocrítica permanente. Sin embargo, el límite siempre son el agravio y las generalizaciones. Recordamos, como ya lo hemos hecho anteriormente, que la violencia verbal puede derivar en violencia física contra algún periodista.
Una democracia sólida se construye sobre la base del disenso, pero siempre partiendo del respeto mutuo. Jamás desde el discurso estigmatizante e inquisidor.
La responsabilidad de elevar la calidad del debate público es tanto de los periodistas como de los funcionarios públicos. Y todos deben contribuir a luchar contra la desinformación, flagelo capaz de paralizar a una sociedad por el pánico y la incertidumbre. En ese sentido, resulta peligroso que desde las más altas esferas del poder se den por ciertas y se difundan informaciones o indicadores que no han sido previamente chequeados, como ha ocurrido en los últimos días. En estos casos, es cuando más claro asoma el papel del periodismo profesional y la prensa como institución garante de información contrastada, cierta y contextualizada.
Sería muy positivo si desde tan elevada investidura se denunciara ante la Justicia, con pruebas concretas, a quienes no cumplan con los requisitos que impone la ética periodística.
Pablo Perret Miembro de FOPEA.
