
El Gobierno nacional concretó una serie de modificaciones a la Ley de Turismo que apuntan a desregular funciones previamente en manos del Estado. El Decreto elimina artículos sobre financiamiento estatal para obras públicas turísticas; el impulso de políticas de turismo social destinadas a sectores vulnerables; y la administración pública de proyectos turísticos y la gestión directa de inversiones.