Guillermo Pérez Luque
La justicia provincial analiza una denuncia presentada por el Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, doctor Ramiro Castillo, contra los responsables de la firma comercial UPSALA SA por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial.
La presentación realizada en un juzgado de instrucción en Río Gallegos el pasado 4 de abril, también apunta contra aquellos funcionarios públicos del CPE que debían controlar y auditar los aportes enviados a la institución privada de educación en El Calafate. El Fiscal les endilga los presuntos delitos de “incumplimiento deberes de funcionario público” y “omisión de actos propios de su oficio y o cualquier otro delito que pudiera surgir en el marco de la investigación”.
La denuncia a la que accedió Ahora Calafate hace un repaso del vínculo contractual entre el la institución y el CPE, cuándo se iniciaron los aportes estatales, ya que estaban destinados a subvencionar sueldos docentes del Colegio Upsala S.A.
Afirma que en noviembre de 2024, a partir del reclamo de los docentes por incumplimiento en el pago de sus haberes, se inicia una investigación que detecta varias y serias irregularidades administrativas. Pero también maniobras que podrían configurarse en evasión y fraude.
En tal sentido se presentó una auditoría interna elaborada por la subsecretaría de unidad de control interno del CPE en enero de este año, en donde se destaca que una de las irregularidades más importantes es que las transferencias realizadas en concepto de subvención fueron remitidas a una cuenta bancaria que no pertenece a la persona jurídica del Colegio Upsala SA, sino a una persona física Carolina Knahuerhasse, a la que se depositaron 691 millones de pesos durante 2024.
El fiscal entiende que los motivos de las transferencias a la persona a la cuenta personal, “se relacionarían con la deuda millonaria que posee la institución UPSALA SA ante el ARCA (ex Afip) y que asciende a 926 millones de pesos, como consecuencia de la falta de declaración jurada de los periodos fiscales de marzo a noviembre de 2024 y multas por moras, y falta de pago de los aportes a la seguridad social.
Otro de los puntos de la denuncia es la diferencia de personal declarado. Indica que UPSALA S.A. presentó documentación del formulario 931 del mes de noviembre de 2024, informando que cuenta con 8 empleados, de los cuales 6 son de maestranza. Y que un total de 94 docentes están bajo dependencia de Fundación Upsala, la cual no tiene ningún convenio con el CPE, ni es reconocida por el Estado provincial.
“Los perjuicios patrimoniales al erario público provincial se alcanzaron diseñando y ejecutando un ardid mediante la maniobra de tener a los docentes en la planta funcional de la Fundación Upsala, y no en la planta de UPSALA S.A. Surge palmario del formulario 931 de la Fundación Upsala declarando 94 docentes, pero dicha institución educativa no está ni habilitada ni reconocida por el CPE, para recibir la subvención Mientras tanto UPSALA S.A declaró que ostentaba ocho trabajadores”
La auditoría también afirma que las transferencias realizadas en carácter de subvenciones superan ampliamente el costo laboral. Y que se destinaban a “pagar sueldos exorbitantes a docentes de la fundación, entre ellos a la presidenta de la firma societaria”.
En tal sentido Ahora Calafate supo que entre los padres circula una planilla de sueldos que muestra cifras muy elevadas a cierto personal administrativo del establecimiento, lo que está generando planteos internos.
Ya en febrero pasado se elaboró un segundo informe de auditoría, a partir de la documentación presentada por el Colegio Upsala en el amparo contra el Consejo Provincial de Educación, debido a que éste convirtió la subvención en un subsidio por un monto fijo de 20 millones de pesos.
Afirma la auditoría del CPE que, en base a esa documentación, se detectaron mas irregularidades. El colegio UPSALA SA en enero de 2025 afirma en la declaración jurada de seguridad social (formulario 931) un total de 86 personas, algo que no coincide con la cantidad de empleados declarados en el libro de sueldo, en donde hay 103 legajos de los cuales 19 personas se repiten. “Esta diferencia en la cantidad de personas arroja además, una gran diferencia en el importe de sueldos y aportes y contribuciones”
Existe personal informado en la planta funcional que no están incluidos en el libro de sueldo. También se han detectado licencias sin goces de haberes o por tarea de mayor jerarquía que el establecimiento está pagando, tanto al titular como al suplente. Existe personal declarado en el libro de sueldo que no forma parte de la planta funcional presentada.
"Por los hechos expuestos se permite sostener que los fondos asignados al colegio UPSALA SA habrían sido destinados a otra institución (Fundación Upsala), manejado sin control, sin transparencia y potencialmente en perjuicio del Estado”, indica el Fiscal de Estado.
“La ausencia de registros claros, la existencia de pagos exorbitantes a personal de la fundación, a personal no docente, y la omisión sistemática en la rendición de cuentas no solo comprometen al colegio Upsala, sino que también alcanzarían a los funcionarios públicos que, por acción u omisión, habrían permitido que esta situación se perpetúe en el tiempo”, considera el Dr. Ramiro Castillo en su presentación.
CONTRAATAQUE JUDICIAL
Por su parte el Colegio Upsala analiza a través de sus abogados realizar una denuncia penal contra el Estado provincial, por incumplir una medida cautelar que le ordena reponer la subvención que venía percibiendo hasta octubre de 2024.
Como informó Ahora Calafate a comienzos de este mes tanto la institución educativa como padres de estudiantes, presentaron sendos recursos de amparos que fueron tratados y avalados por el conjuez en lo Civil, el Dr. Raúl Cardozo.
Entre los fundamentos del escrito al que accedió Ahora Calafate, se indica que “pretender convertir la subvención” que venía recibiendo la institución escolar “en un subsidio de monto fijo por un importe mensual de $ 20 millones, pone en serio riesgo inminente de colapso económico y financiero al Colegio.
Esa manda judicial no se ha cumplido y por lo tanto el Colegio haría su denuncia.
