El titular de la fundación Valdocco inició una causa contra funcionarios provinciales, un abogado, un concejal de El Calafate y un dirigente gremial por publicaciones que éstos realizaron en redes sociales y que el sacerdote considera injuriantes hacia su persona. Los jueces de la Cámara en lo Criminal citaron a las partes a una audiencia en la que hubo varias ausencias y ninguna retractación. La causa seguirá su curso.
General13/07/2025
Guillermo Pérez Luque
La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción, con asiento en Río Gallegos, había citado a audiencia de conciliación a siete personas denunciadas por el Sacerdote Juan Carlos Molina, quien preside la Fundación Valdocco.
Los funcionarios provinciales Iris Rasgido (Presidenta del Consejo Provincial de Educación), Jazmín Machiavelli (Secretaria de Estado de Igualdad e Integración, y ex ministra de Desarrollo Social), y Julio Bujer (presidente de Vialidad Provincial). El Dr. Gabriel Giordano (abogado del foro local) y Daniel Vidal (dirigente sindical - SOEM Puerto Deseado); el concejal Juan Carlos Rueda y Manuel Miranda (ex delegado del Ministerio de Trabajo en El Calafate), debían acudir a la audiencia fijada para el pasado martes 8 de julio a las 9:30 hs.
El cura Juan Carlos Molina se hizo presente personalmente ante el Tribunal y expresó con su pretensión de arribar a una conciliación, “siempre que se cumplieran condiciones mínimas de reparación simbólica”, informó su abogado Matías Solano.
EL DISPARADOR
Ahora Calafate supo que la publicación que originó este conflicto fue el pasado 31 de marzo a través de la red social facebook, que fue compartida y en algunos casos con comentarios agregados por las personas denunciadas en sus respectivos perfiles.
Se trata de un video que califica a Molina como “falso profeta” al que acusan de mantener “una red de corrupción utilizando a menores en vulnerabilidad”. Remarca que “usa a los pobres para enriquecerse” y defraudó al Estado Provincial.
En la audiencia de conciliación, Molina propuso que cualquier retractación debía realizarse mediante una disculpa pública, en formato audiovisual, y con autorización expresa para su difusión en redes sociales y medios, en atención al carácter público de las injurias sufridas.
El religioso recordó que, si bien los agravios lo afectan en forma directa, los daños provocados exceden su persona, comprometiendo el buen nombre de una comunidad entera que confía en el trabajo social, educativo y pastoral que lleva adelante desde hace décadas en la provincia de Santa Cruz y otras jurisdicciones.
“Todas afirmaciones que afectan gravemente mi honra teniendo en cuenta que lidero dos comunidades terapéuticas”, afirma el sacerdote en su presentación judicial.
AUDIENCIA FRUSTRADA
De los querellados únicamente el Sr. Julio Bujer participó de manera virtual de la audiencia de conciliación. En tanto, la presidenta del CPE y Jazmín Machiavelli intentaron inicialmente comparecer mediante apoderados.
Esto fue rechazado por el Tribunal en virtud de su carácter de imputadas, siendo requerida su participación personal. Ambas finalmente asistieron por videoconferencia, pero ninguna de estas personas realizó propuesta de conciliación.
“Los demás querellados –Juan Carlos Rueda, Gabriel Giordano, Daniel Vidal y Manuel Miranda– no se hicieron presentes ni ofrecieron justificación válida para su inasistencia”, mencionó el abogado Solano
Concluida la audiencia sin acuerdo, el proceso continuará según lo previsto en el Código Procesal Penal hasta su elevación a juicio oral y público.
Recordemos que además de esta querella también hay una demanda civil contra las personas mencionadas
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