Guillermo Pérez Luque
Funcionarios del gobierno provincial, un dirigente sindical, un abogado y un concejal de El Calafate han sido citados a una audiencia penal por calumnias e injurias, tras una querella presentada por el Padre Juan Carlos Molina.
La convocatoria fue dispuesta por la Cámara del Crimen de Rio Gallegos, en el marco del expediente N" 9174/25, y la audiencia de conciliación se realizará el próximo martes 8 de julio a las 9:30 hs.
La querella sostiene que los mencionados difundieron de forma pública y dolosa, a través de sus redes sociales, un video con contenido "absolutamente injuriante y calumnioso", en el que se le atribuyen al Padre Molina delitos gravísimos, como fraude al Estado, corrupción con menores y enriquecimiento ilícito, sin sustento ni respaldo judicial alguno lo que afecta directamente a los residentes de las Comunidades terapéuticas y a toda la comunidad escolar de la Fundación en El Calafate.
Los citados a la audiencia penal por calumnias e injurias contra el Padre Juan Carlos Molina y la Fundación Valdocco son: Iris Rasgido (Presidenta del Consejo Provincial de Educación), Jazmín Machiavelli (Secretaria de Estado de Igualdad e Integración, y ex ministra de Desarrollo Social), y Julio Bujer. (presidente de Vialidad Provincial),
También el Dr. Gabriel Giordano (abogado del foro local) y Daniel Vidal (dirigente sindical - SOEM Puerto Deseado). Y de El Calafate el concejal Juan Carlos Rueda y Manuel Miranda (ex delegado del Ministerio de Trabajo en El Calafate)
“Esto no es una cuestión personal. Pero no vale todo lo mismo. No se puede decir cualquier barbaridad y ensuciar a los otros de una manera impune, porque se te ocurrió y porque nadie te dice nada. Lo lamento mucho”, dijo Juan Carlos Molina en entrevista a Ahora Calafate.
La denuncia subraya el carácter falsario de las imputaciones, y destaca que su difusión masiva formó parte de una estrategia deliberada para desacreditar políticamente al querellante, en el marco de un contexto de creciente hostigamiento contra organizaciones sociales y referentes cercanos a la gestión anterior.
Además de la querella penal, se promovió acción civil por daño moral. El escrito judicial también alerta sobre la conducta de los querellados en tanto funcionarios públicos, señalando que sus actos podrían configurar una grave vulneración a los principios de ética, legalidad y prudencia exigidos por la Ley de Ética Pública y el Código de Conducta del Estado.
“Se trata de una causa que podría marcar un precedente relevante en la provincia, donde no es frecuente ver a funcionarios en ejercicio teniendo que responder ante la Justicia por difamación pública”, indicó el abogado Matías Solano, representante legal del sacerdote denunciante.
La audiencia convocada por la Cámara del Crimen será el primer paso de un proceso que, de no prosperar una conciliación, podría desembocar en una sentencia penal con condenas económicas y civiles para los involucrados
