Guillermo Pérez Luque
Tal como había anticipado Ahora Calafate, se presentó un recurso de amparo en el Juzgado federal de Río Gallegos contra la resolución 460/25 del SENASA
El recurso, firmado por el presidente de FIAS, Enrique Jamieson, y patrocinado por el abogado Ricardo Julián, solicita la nulidad absoluta de la resolución por considerarla inconstitucional y “lesiva para el estatus sanitario” de la región.
La organización denuncia que la medida fue tomada de manera arbitraria, con “falsedad manifiesta en los fundamentos”, y sin respetar los procedimientos legales como la consulta pública o las evaluaciones de impacto ambiental.
La resolución impugnada, publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de junio, permite el ingreso a la Patagonia de carnes con hueso plano y productos provenientes de zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa.
Esto según los productores, pone en riesgo el reconocimiento internacional de la región como “zona libre de aftosa sin vacunación”, un estatus que demandó más de 20 años de trabajo, inversión y cumplimiento riguroso de protocolos.
“La pérdida definitiva del reconocimiento internacional del estatus sanitario patagónico constituye un daño de características irreversibles que compromete décadas de esfuerzo conjunto. La materialización del riesgo sanitario mediante la eventual reintroducción de la enfermedad afectaría no solamente a los productores ganaderos sino al ecosistema patagónico en su integralidad”, sostiene uno de los fundamentos en el escrito al que accedió Ahora Calafate
En el escrito, FIAS sostiene que el SENASA falseó los argumentos para justificar la flexibilización. En particular, subraya que tanto el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile como la Comisión Europea expresaron oficialmente su rechazo a la medida por considerar que afecta las garantías sanitarias, lo que ya derivó en restricciones a las exportaciones patagónicas hacia esos destinos.
Documentos oficiales de Chile contradicen los considerandos de la resolución del SENASA, advierte la demanda.
Además, la entidad recuerda que la Corte Suprema ha ratificado en casos anteriores que el estatus sanitario es un derecho adquirido de los productores con valor patrimonial concreto y que el principio precautorio debe guiar las decisiones en materia ambiental y sanitaria.
El conflicto comenzó en marzo pasado, cuando el SENASA dictó la Resolución 180/2025 con una flexibilización similar, la cual fue suspendida y modificada varias veces ante la presión de los sectores productivos y las provincias patagónicas. Finalmente, con la Resolución 460, el organismo retomó la misma línea, desatando el rechazo del sector.
Las organizaciones agropecuarias advirtieron que la pérdida del estatus sanitario significaría un “daño irreparable” para la economía regional y para el ecosistema patagónico. Por eso, además de la nulidad de la resolución, la FIAS pide que la Justicia ordene al SENASA mantener las condiciones sanitarias previas y se abstenga de dictar medidas similares sin cumplir con los procedimientos legales.
Actualmente, la causa quedó radicada en la Justicia Federal de Río Gallegos, que deberá resolver primero sobre la medida cautelar solicitada para suspender de inmediato los efectos de la resolución mientras se analiza el fondo del amparo.
