Una nueva resolución del SENASA establece que se permitirá que cortes con huesos planos, como el asado o el costillar, ingresen a la región desde zonas del país donde la fiebre aftosa está controlada con vacunación. Estableció una serie de requisitos. Se espera una reacción de Gobiernos y entidades productoras de la región, que podrían ir a la justicia contra la medida.
General27/06/2025
Guillermo Pérez Luque
Este viernes se publicó la resolución 460 del SENASA. Específicamente, se autoriza el traslado de costilla, asado y esternón, siempre y cuando cumplan con condiciones sanitarias, como la maduración de la carne, el pH, el tipo de empaque y el origen de los animales sacrificados. Por ahora seguirán prohibidos los cortes con huesos largos, como el osobuco o el lomo con hueso.
La medida modifica una prohibición que rige desde 2002, cuando la Patagonia fue declarada zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La decisión implicará un ingreso controlado y circunscripto a piezas obtenidas en plantas habilitadas, a partir de animales nacidos, criados y faenados en regiones reconocidas como libres con vacunación.
La zona alcanzada por esta medida comprenderá a todas las provincias ubicadas al sur del río Colorado —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, así como también el sector del partido de Patagones, en Buenos Aires, situado al sur de ese límite natural.
Vale recordar que la medida, plasmada en una primera resolución 1806 del 18 de marzo pasado, generó un fuerte rechazo en la región patagónica. Los gobiernos y las asociaciones rurales de la región se manifestaron en contra. Dijeron que podía ser un paso atrás, tanto en lo sanitario como en lo comercial, y que afectaría la competitividad del sistema ganadero patagónico.
También advirtieron que esto podría traer problemas con los mercados que hoy valoran el estatus sanitario especial de la región.
Ante ello el Gobierno decidió poner en suspenso la vigencia de resolución y se enviaron consultas formales a autoridades sanitarias de Chile y de la Unión Europea para saber si había objeciones al cambio.
Según el SENASA los organismos con competencia en la materia de en esas regiones “han tomado conocimiento y expresado su conformidad respecto de la actualización de las condiciones establecidas en la presente resolución”.
Sin embargo las entidades rurales dicen no tener el documento tanto de Chile como de la UE que certifique dicho aval. Y pedirán al gobierno acceder a las respuestas.
Segun la nueva resolución publicada hoy en Boletín Oficial, los productos que ingresen a Patagonia deberán cumplir con una serie de requisitos sanitarios y documentales: entre ellos, el registro del establecimiento de origen, inspecciones durante la faena, verificación oficial de las vacunas aplicadas, y traslado en vehículos habilitados bajo condiciones específicas de bioseguridad.
Además se establecerán mecanismos de trazabilidad tanto documental como física para garantizar el origen y el destino de la mercadería. Las plantas frigoríficas que deseen operar bajo este esquema deberán solicitar una autorización especial y cumplir con un protocolo técnico previamente validado.
Solo se autorizará el ingreso de carne fresca refrigerada, sin incluir huesos de la cabeza ni de la columna. No se permitirá el transporte de carne congelada, ni el ingreso de medias reses o animales enteros.
Tampoco está previsto que esta mercadería pueda salir nuevamente de la región, ya que su destino exclusivo será el consumo interno dentro del área patagónica.
Desde el SENASA informaron que esta disposición no modificará el estatus sanitario diferencial de la Patagonia ni implicará un levantamiento general de la llamada “barrera sanitaria”, sino que constituye una excepción puntual bajo criterios técnicos.
Ahora se espera saber qué nuevas reacciones habrá tanto de gobiernos como de entidades productoras de la región. Como informó Ahora Calafate, el gobierno de Santa Cruz decidió implementar una “Barrera Sanitaria Provincial”. El proyecto de ley en ese sentido fue aprobado ayer en la Legislatura provincial.
Por su parte las entidades rurales no descartan judicializar el tema con algún planteo de amparo en tribunales federales.
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