Guillermo Pérez Luque
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz reafirmó que será la autoridad encargada de llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La resolución fechada el pasado jueves, refuerza la elevación parcial a juicio de la causa, cierra un capítulo de disputa jurisdiccional que durante meses retrasó el avance del proceso.
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció en aguas argentinas con 44 personas a bordo. La nave fue localizada un año y dos días después, a 907 metros de profundidad, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar que se suponía donde se encontraría, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular a la costa de Caleta Olivia, en Santa Cruz. La ciudad y la zona cercana, por tanto, son clave en el proceso judicial y en la investigación de los hechos.
Los fundamentos de la decisión judicial
El fallo, firmado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, reafirmó que la jurisdicción competente para continuar con el juicio es la de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y no la de Mar del Plata ni los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como algunas defensas y querellantes habían solicitado previamente. “No interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra y estaba sometido a la jurisdicción argentina”, sostiene la resolución.
La disputa sobre la sede judicial fue uno de los obstáculos principales para el avance del proceso. Algunos consideraban que el juicio debía realizarse en Mar del Plata, donde opera el comando de la Fuerza de Submarinos y donde residen muchos testigos, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el tribunal argumentó que “las decisiones previas a la navegación no modifican el hecho de que la implosión sucedió en aguas de la jurisdicción santacruceña”.
El tribunal destacó además que ninguna parte objetó la competencia de Caleta Olivia desde el inicio y que la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa radicaron allí la denuncia tras el hallazgo del submarino en 2018. “La competencia en materia penal es de orden público y no puede ser modificada por acuerdo entre las partes”, indicaron los jueces, reafirmando que “la causa debe continuar en Santa Cruz”.
Asimismo, aclararon que las actuaciones realizadas en Caleta Olivia estaban correctamente validadas y que, hasta ese momento, no existían elementos que justificaran su remisión a otra jurisdicción. Recordaron que la causa lleva más de siete años en trámite y que, en esta etapa final, solo resta realizar el debate oral y público.
“Una transferencia en este momento podría retrasar aún más el proceso, afectando el derecho de las víctimas y de los imputados a una resolución en un plazo razonable”, enfatizaron.
Los procesados y los que aún están bajo investigación
Están procesados por el Tribunal Federal de Santa Cruz el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la fuerza naval; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Estos están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Aunque la causa no tiene responsables políticos procesados hasta ahora, se investiga la actuación del expresidente Mauricio Macri, del exministro Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur, sin avances concretos.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado profundizar la investigación respecto del conocimiento que tenían estas autoridades sobre los ejercicios navales en la zona en el momento del naufragio.
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