Guillermo Pérez Luque
La iniciativa presentada por Adriana Nieto y Pedro Luxen (Por Santa Cruz) modifica el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2404) para elevar de 5 a 9 la integración del Tribunal Superior, con paridad de género obligatoria en las designaciones. Entre sus fundamentos, remarca el crecimiento demográfico (de 159.839 hab. en 1995 a 337.226 en 2022) y la mayor complejidad de los conflictos judiciales. Mantiene la posibilidad de organizarse en salas y prevé que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo proponga ternas para cubrir cuatro nuevas vacantes.
El debate en Asuntos Constitucionales
El diputado Eloy Echazú (Unión por la Patria) cuestionó el origen y la oportunidad de la reforma: “No veo que el Ejecutivo haya acompañado este proyecto; si lo hubiese solicitado, lo habría elevado él”, señaló.
El legislador opositor planteó que la celeridad judicial no se resuelve con más vocales, sino fortaleciendo la base: “Si usted quiere más rapidez, donde más se necesita es en la base de la justicia: más abogados, más juzgados”, le dijo a la oficialista Adriana Nieto, una de las autoras del proyecto.
Echazú también comparó la integración de tribunales superiores en otras provincias patagónicas. “Chubut cuenta con 6 jueces y, según el Censo 2022, tiene 592.621 habitantes. La Pampa cuenta con 5 jueces para una población de aproximadamente 361.000 personas. Neuquén tiene 5 jueces, Río Negro también 5, y Tierra del Fuego 5. Ahí es donde no me cierra en su fundamento que no haya considerado este contexto para justificar que la población de Santa Cruz requiera aumentar la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia", afirmó.
El diputado opositor centró su crítica en el impacto presupuestario que implicaría un aumento de la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia. “Hoy un vocal ronda más de $14 millones; cada secretario relator, $8,5 millones; y el escribiente mayor, $3,6 millones. No es solo elevar a nueve: por cada juez se amplía el personal de apoyo. El costo mensual con 9 integrantes superaría los $127 millones, y el costo anual, más de $4.000 millones”.
“Están tocando los bolsillos de los santacruceños… Con esta plata se puede destinar a educación, salud, producción”, remató
“Democratizar la justicia”
Adriana Nieto, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y reglamento defendió el proyecto diciendo que el gobierno de Claudio Vidal “desde campaña se propuso democratizar la justicia de Santa Cruz”.
Cuestionó el funcionamiento histórico del TSJ durante el kirchnerismo y le recordó a Echazú “ustedes están pidiendo nueve miembros en la Corte Suprema porque quieren democratizar. Justamente en ese sentido vamos acá también: necesitamos esa Democracia”.
Además Nieto le enrostró al diputado kirchnerista por ser partícipe con su voto de la designación de Fernando Basanta como miembro del TSJ, diciendo que el ex Ministro de Gobierno de Alicia Kirchner “no reunía los requisitos constitucionales. Una vergüenza para todo el país, porque realmente es vergonzoso”.
“La gente no cree en este Tribunal Superior de Justicia… Esta es una herramienta para la democratización que pregona el gobernador”, insisitió Nieto, quien pidió acompañamiento para dar continuidad al trámite
Pedro Muñoz: apoyo conceptual y pedido de ampliar el debate
Al tomar la palabra el legislador de CC-ARI coincidió en la necesidad de reordenar la justicia y recuperar su imparcialidad, pero reclamó abrir la discusión a actores del sistema: “El debate, más que económico, es político…
"No quiero una justicia kirchnerista para pasar a una justicia vidalista. La herramienta debe ser para el Estado santacruceño, no para un gobierno”, dijo.
Muñoz propuso citar al Colegio de Abogados, al gremio de judiciales, a la Fiscalía e incluso a exintegrantes del fuero, y pidió que se garanticen concursos abiertos y jurados independientes: “Que no vengan los ‘Basantas’ de la vida… Abramos concursos a todo el país y jurados probos”.
Próximos pasos
Tras el cruce, el oficialismo impuso su mayoría y la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el pase a la Comisión de Presupuesto. Allí se evaluará el impacto fiscal y se elaborará dictamen para su eventual tratamiento en el recinto. De sancionarse, el Gobernador quedará habilitado para remitir ternas a fin de cubrir las cuatro nuevas vocalías bajo el criterio de paridad de género.
