Guillermo Pérez Luque
Con la presencia de la totalidad de los 24 diputados, se llevó adelante la 10° sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados en la cual finalmente se aprobó el proyecto de Ley N° N°253/25 autoría de la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) mediante el cual se aumenta de 5 a 9 los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
Tras los argumentos de diputados a favor y en contra de la iniciativa se procedió a la votación, que terminó con 13 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
Para el oficialismo, la ley sancionada busca “responder a la creciente demanda poblacional, garantizar imparcialidad, celeridad, eficacia y equilibrio dentro del Poder Judicial, lejos de prácticas espurias, maniobras y entramados políticos que sólo benefician a un grupo minoritario”.
“Santa Cruz es el ejemplo de lo que no hay que hacer en la Justicia. El poder político avanzó sobre la justicia de una manera descarada, la gente ya no confía y no espera nada de la Justicia”, dijo Adriana Nito, diputada impulsora de la ley.
La legisladora, que proviene del poder judicial, dijo que “no podemos seguir de la misma forma y lograr resultados distintos. Y cuestionó al sector adversario diciendo que “el último reducto del kirchnerismo en el poder es el poder judicial de la provincia de Santa Cruz”.
De esta manera, la reforma impulsada por el bloque oficialista busca poner a la justicia al servicio de los santacruceños, a fin de devolverle la credibilidad a estas instituciones que deben estar al servicio de la ciudadanía que espera seriedad, madurez, legalidad y justicia, como se establece a lo largo de sus fundamentos.
En este sentido, la autora del proyecto, Adriana Nieto, explicó: “La justicia es un valor fundamental que hace a la libertad y a la democracia. Si la sociedad no recibe justicia, todo lo demás que nos puede brindar la democracia pierde sentido. Esto responde a una política de Estado que el gobernador viene sosteniendo firmemente. Esta ley implica un fortalecimiento a las instituciones. Vamos hacia una justicia más democrática, accesible y transparente”.
Desde la oposición representada por el frente Unión por la Patria cuestionaron el elevado número de integrantes que pasará a tener el TSJ, como también el gasto que eso implicará. “Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia tiene nueve integrantes”, dijo la diputada Agostina Mora.
“Acá no se está buscando más justicia ni más celeridad. Se está buscando tener mayoría en un poder independiente que es el judicial. Se está buscando tener sus propias manos”, insistió. También hablaron Eloy Echazú y Rocío García, por el bloque opositor, cuestionando el proyecto con argumentos similares opinando que la inversión en mejor Justicia debería dirigirse a reforzar la base de la piramide (Juzgados en la localidades, defensorías, y el Ministerio Público Fiscal) y no en la punta de la piramide (Tribunal Superior de Justicia)
Por su parte, Pedro Muñoz (CC-Ari) afirmó que su partido tiene dentro de su plataforma la discusión sobre la conformación del Superior Tribunal de Justicia ya que para nosotros “hace años la justicia de Santa Cruz ha perdido su independencia”.
Sin embargo aclaró que se necesitaba “una discusión más profunda y darle más contenido a una reforma de la justicia”, convocando a los distintos sectores que conforman el poder judicial (jueces, abogados y empleados). “La gente no quiere una justicia que pase a responder de un gobierno a otro. La justicia debe ser independiente”, remarcó.
Vale aclarar que los vocales serán designados por la Honorable Cámara de Diputados, de terna que en orden alfabético y pliego abierto remita el Poder Ejecutivo Provincial.
Los requisitos requeridos para ser miembro del Tribunal serán los que establece el Artículo 127 de la Constitución Provincial y en estricto cumplimiento con la paridad de género.
De este modo, para ser miembro del TSJ se requiere ser argentino nativo o por opción, ser mayor de treinta años y ser abogado con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales.
Asimismo, el cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso - administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en juicio pleno.
