TSJ

La Caja de Previsión Social aprobó el viernes 14 de agosto un paquete de 27 beneficios jubilatorios. Entre ellos están los correspondientes a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La decisión reactivó una discusión que lleva dos años: el alcance del Decreto 608/24, que reduce considerablemente los tiempos entre el otorgamiento de la jubilación y el cese del trabajador. Ludueña afirmó que ninguna de las tres renunció y calificó el procedimiento como “jubilación compulsiva”. Las claves del conflicto

El máximo tribunal del país consideró inadmisible y extemporáneo el planteo de la Asociación Gremial de Judiciales contra el recurso de queja presentado por los vocales Acevedo, Nora, Contreras y De la Vega. Además, pidió con urgencia el envío del expediente completo para avanzar en el análisis de fondo.

Tras el rechazo del TSJ a habilitar la instancia federal, la Provincia presentó un recurso de queja y busca que el máximo tribunal del país intervenga en el conflicto institucional, que se desató con la declaración de inconstitucionalidad de la ley que amplia de 5 a 9 el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia santacruceño.