Guillermo Pérez Luque
En la última sesión del 28 de agosto, ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto del diputado calafateño Carlos Alegría, que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N°27.218, la cual establece un “Régimen Tarifario Específico de Servicios Públicos para Entidades de Bien Público”.
De acuerdo al articulado, serán consideradas entidades de bien público las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, incluidas las entidades religiosas, siempre que estén inscriptas en los registros correspondientes. Estas instituciones podrán acceder a una tarifa de energía eléctrica y gas equivalente a la de los usuarios residenciales de menor consumo.
La Autoridad de Aplicación será el Poder Ejecutivo provincial, que podrá dictar normas reglamentarias para su puesta en marcha. Además, se invita a los municipios a adherir y dictar las normas necesarias para su implementación.
Los fundamentos
En los fundamentos del proyecto, el diputado Carlos Alegría subrayó que el objetivo es aliviar los costos de funcionamiento de instituciones que cumplen funciones clave para la comunidad:
“Las entidades de bien público cumplen un rol insustituible en nuestra sociedad. Son espacios que brindan contención social, apoyo educativo, asistencia sanitaria y espiritual, fomento cultural y promoción deportiva, muchas veces con recursos limitados y con fuerte apoyo del voluntariado”, expresó.
El texto advierte que el aumento de los servicios públicos afecta directamente la capacidad de estas organizaciones de sostener sus actividades: “Hemos podido recoger esta demanda, palpando en primera persona la realidad de muchas asociaciones que hacen un trabajo tan plausible y dedicado”.
Impacto esperado
Con la adhesión, las instituciones accederán a un régimen tarifario diferencial, lo que según el legislador generará un alivio económico concreto: “Dicho ahorro podrá ser destinado a fortalecer programas sociales, culturales y comunitarios, ampliando el impacto positivo que estas entidades ya generan en la comunidad santacruceña”.
En ese sentido, el proyecto destaca que la medida implica un reconocimiento y respaldo del Estado provincial a la labor solidaria: “Este acompañamiento se traduce no solo en un beneficio económico, sino en una clara señal de valorización institucional y de compromiso con el fortalecimiento del tejido social”.
