Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y también la Ley de Emergencia en Pediatría

El Gobierno oficializó este miércoles, a través del Decreto 647/2025, el veto total al proyecto de ley N° 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto. La norma, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, había sido presentada como un intento de garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en materia de salarios, becas, infraestructura y programas de investigación.

El veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso. Respecto de la Ley de Emergencia en Pediatría, según pudo saber este medio, el veto ya fue comunicado y será anunciado durante la jornada de hoy, cuando vence el tiempo de diez días para decidir.

Si bien se esperaba que el veto fuera publicado en los primeros minutos de este jueves, salió publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial. El texto vetado obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de manera bimestral según la inflación, recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales, y reforzar los programas de becas estratégicas y de bienestar estudiantil.

Según los cálculos oficiales, la aplicación de la ley hubiera implicado un gasto adicional de más de $1,06 billones en 2025 y de más de $2 billones en 2026, montos que, de acuerdo al decreto, no contaban con fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.

En los considerandos, la Casa Rosada advirtió que aprobar la norma significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el texto firmado por Javier Milei y sus ministros.

El Gobierno defendió la decisión como un ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 83, y recordó que la herramienta del veto ha sido utilizada por diferentes administraciones en los últimos 40 años. A su vez, adelantó que será en el Presupuesto 2026, a presentar el 15 de septiembre, donde se discutirá de manera integral el financiamiento del sistema universitario.

Con la devolución del proyecto al Parlamento, el Congreso tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, lo que abre un nuevo frente de disputa política. El tratamiento de esta ley había logrado reunir a la oposición dialoguista con sectores del kirchnerismo, en una señal de unidad frente al ajuste universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Senado el jueves 21 de agosto de 2025, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Esta ley había sido impulsada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apoyada por buena parte de la oposición legislativa. Su objetivo principal es elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI; establecer una actualización bimestral del presupuesto según la inflación; garantizar la recomposición salarial para docentes y no docentes.

Incorporar al básico del convenio colectivo todas las sumas no remunerativas y no bonificables; crear carreras estratégicas y fortalecer actividades de extensión, ciencia y técnica. Asimismo somete a las universidades a control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.

El veto presidencial no solo profundiza la tensión con el sistema de educación superior, que viene reclamando aumentos de partidas y mejoras salariales desde comienzos de año, sino que también coloca al Gobierno en un conflicto directo con las fuerzas opositoras que ya han dado señales de que podrían intentar revertir la decisión.

En un contexto en el que las universidades nacionales se preparan para un nuevo plan de lucha, la decisión de Milei confirma la prioridad absoluta del equilibrio fiscal sobre cualquier expansión del gasto, aun cuando se trate de un área altamente sensible y con fuerte impacto social.

El presidente vetó también la Ley de Emergencia en Pediatría

Poco más de cuatro horas después de que se conociera el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el Boletín Oficial correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 dio cuenta también de una decisión en el mismo sentido adoptada por el presidente Javier Milei respecto de una ley aprobada el mismo día en el Senado, conocida como Ley de Emergencia en Pediatría, o directamente “Ley Garrahan”.

La decisión, que ya había sido adelantada por este medio, fue publicada como Decreto 651/2025, mediante el cual se veta en su totalidad el proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso de la Nación el 22 de agosto de 2025. Este proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un período de un año, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer los sistemas de residencias médicas mediante mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.

Pese a estos loables preceptos, el Ejecutivo consideró que la norma presenta serias falencias técnicas, jurídicas y financieras que justifican su rechazo.

Principales argumentos del veto

El veto presidencial se fundamenta en una serie de consideraciones que apuntan a la falta de precisión en la redacción del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipación federal.

Entre los puntos destacados del decreto se encuentran:

Indeterminación normativa: El proyecto carece de parámetros claros y verificables para definir aspectos clave, como los criterios para la asignación de recursos, la delimitación de "funciones críticas" del personal de salud o los procedimientos para garantizar el acceso a servicios de alta complejidad. Esta ambigüedad, según el Ejecutivo, podría derivar en interpretaciones expansivas, litigiosidad y dificultades para la planificación financiera.

  Impacto fiscal insostenible: La recomposición salarial propuesta para el personal de salud pediátrica, que incluye equiparar los ingresos a los niveles reales de noviembre de 2023, generaría un costo estimado de $115.030.000.000. Este gasto, que debería financiarse mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y el uso de reservas para contingencias sanitarias, comprometería programas esenciales como el calendario de vacunación, la atención de enfermedades como VIH, tuberculosis o hepatitis, y el financiamiento de medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.

  Exención del impuesto a las ganancias: La propuesta de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud que realicen actividades críticas, horas extras o guardias, tanto en el sector público como privado, tiene un alcance "prácticamente ilimitado" y un impacto presupuestario inestimable, afectando directamente los ingresos de la coparticipación federal, una de las principales fuentes de financiamiento de la Nación y las provincias.

  Distorsiones salariales y desigualdades: El proyecto beneficia exclusivamente al personal vinculado a la atención pediátrica, lo que podría generar inequidades con otros trabajadores del sistema sanitario que desempeñan funciones igualmente críticas. Esto, según el Ejecutivo, profundizaría brechas retributivas injustificadas dentro del sector.

  Invasión de competencias del Ejecutivo: El artículo 10 del proyecto, que deroga la Resolución del Ministerio de Salud N° 2109/25, es considerado un avasallamiento de las potestades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso no tiene atribuciones para revocar actos administrativos. Esta resolución, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, fue diseñada para modernizar el sistema de becas de formación, adaptándolo a los desafíos sanitarios actuales y ofreciendo mayor flexibilidad a los residentes.

  Desfinanciación de programas clave: La reasignación de recursos propuesta equivaldría a un tercio del presupuesto destinado al calendario de vacunas o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Esto podría desfinanciar políticas públicas estratégicas, como el tratamiento de patologías especiales y el acceso a medicamentos esenciales.

El caso del Hospital Garrahan

Un punto central del veto es la declaración del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional, incluida en el artículo 4° del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta disposición es innecesaria, ya que el Garrahan ya es reconocido como un hospital de alta complejidad, según el Decreto N° 598/87.

Además, destaca los logros de la actual gestión, que “en menos de dos años logró normalizar su funcionamiento, optimizar recursos, eliminar cargos duplicados y alcanzar un déficit cero por primera vez en sus 38 años de historia, gracias a ahorros de más de $40.000.000.000 y un aumento en la recaudación”.

Con un presupuesto de $180.000.000.000 para 2025, ampliado a $220.000.000.000 con el aporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejecutivo sostiene que el hospital no requiere una declaración formal para garantizar su operatividad.

Contexto económico y fiscal

El veto se enmarca en la política de “emisión monetaria cero” impulsada por el gobierno de Milei, que prioriza el equilibrio fiscal como base para la estabilidad económica y la lucha contra la inflación.

El Ejecutivo argumenta que la aprobación del proyecto pondría en riesgo los avances logrados en la recuperación económica, al generar un aumento “desmedido e irresponsable” del gasto público. Además, señala que el próximo 15 de septiembre se presentará el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, donde se debatirán de manera integral las prioridades de gasto, incluyendo las necesidades del sistema sanitario.

El decreto también hace referencia al Pacto de Mayo, un acuerdo político que busca revisar el sistema de asignación de recursos públicos. En este contexto, el Ejecutivo considera que el Congreso debería abstenerse de tomar decisiones que comprometan el equilibrio fiscal, especialmente cuando los recursos propuestos no cuentan con una fuente de financiamiento genuina.

Implicaciones constitucionales

El veto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que otorga al presidente la facultad de observar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso.

El Ejecutivo defiende esta decisión como un ejercicio legítimo de sus atribuciones, en línea con la dinámica de control y contrapeso propia del sistema republicano. Además, cita fallos de la Corte Suprema, como el caso “Estado Nacional c/ San Juan, Provincia de s/ Reivindicación”, para respaldar la potestad del Ejecutivo de evaluar la razonabilidad y legalidad de las normas aprobadas por el Congreso.

El decreto también critica la pretensión del Congreso de derogar una resolución ministerial, considerándola una violación de la división de poderes. La Resolución N° 2109/25, según el Ejecutivo, moderniza el sistema de residencias médicas al introducir dos modalidades de beca (“Ministerio” e “Institución”), con alta aceptación en hospitales como el Garrahan (100% de adhesión) y el Posadas (70%).

El veto ya anticipado oportunamente por el Gobierno ha generado un intenso debate en la opinión pública y el arco político y social. Por un lado, sectores opositores y organizaciones médicas han criticado la decisión, argumentando que pone en riesgo la atención pediátrica y el fortalecimiento de las residencias médicas en un contexto de crisis sanitaria. Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como una acción responsable para proteger la estabilidad económica y evitar el colapso de las finanzas públicas.

El Ejecutivo asegura que continuará implementando políticas para fortalecer el sistema sanitario, pero con un enfoque en la viabilidad financiera y la sustentabilidad a largo plazo. Entre las medidas destacadas, se menciona la optimización de recursos en el Hospital Garrahan y la modernización del sistema de residencias médicas. Sin embargo, el veto plantea interrogantes sobre cómo se abordarán las necesidades urgentes del sector pediátrico en el marco de las restricciones presupuestarias.

Por Parlamentario