Guillermo Pérez Luque
La medida llega en el marco de las reformas impulsadas en marzo pasado por el gobierno de Javier Milei, a través de las Resoluciones 61 y 62/2025, que buscan desregular actividades turísticas en los parques. Entre los cambios más polémicos figura la eliminación de la obligatoriedad de contratar guías profesionales para grupos, y la delegación de facultades de permisos a las intendencias locales.
Una prórroga más para la Resolución 62
La Resolución 264 dispuso prorrogar por 45 días hábiles la entrada en vigencia del Reglamento de Permisos Turísticos (Resolución 62/2025). Según el texto, aún faltan completar desarrollos técnicos para su aplicación efectiva: integración del Registro Legajo Multipropósito (RLM) con la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), vinculación con E-Recauda e interoperabilidad con sistemas internos.
También se elaboran manuales operativos y capacitaciones para el personal en áreas protegidas. “Estas acciones resultan indispensables para una implementación efectiva y uniforme”, sostiene la resolución.
De esta manera, las disposiciones de la Resolución 62 no comenzarán a regir el 15 de septiembre, como estaba previsto, sino a fines de octubre.
En cambio, las resoluciones nada se informa sobre la prórroga de la Resolución N°61 que desregula la actividad de los guías que trabajan en los parques nacionales argentinos.
Los registros digitales sí avanzan
La segunda resolución publicada el viernes refleja la otra cara de la moneda. A partir del 15 de septiembre, guías, prestadores turísticos y permisos funcionarán a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). De esta manera, quienes tramiten habilitaciones como guías o prestadores turísticos, o bien permisos para el desarrollo de actividades, deberán realizar las gestiones a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
La medida también establece que todos los trámites vinculados a estos registros se asienten en el Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (ReNARI), herramienta utilizada por Parques Nacionales desde 2015 para identificar y controlar autorizaciones, recaudaciones, cobros e infracciones en el ámbito de las áreas protegidas.
