El número surge de las estadísticas que elaboran las Oficinas de Río Gallegos y Caleta Olivia, en función de las tramitaciones que luego tuvieron su curso en los juzgados de Familia de ambas ciudades. Durante la restricción de la circulación, se mantuvieron las medidas de protección a las víctimas y se establecieron audiencias para garantizar los derechos de éstas y de niñas, niños y adolescentes.
Sociedad25/11/2020 Tribunal Superior de Justicia
En el período comprendido desde el 20 de marzo, día en el que se anunció la cuarentena y el 31 de octubre, las OVD y las Comisarías de la Mujer y la Familia de las localidades de Río Gallegos y Caleta Olivia, trabajaron conjuntamente en la atención de 755 casos de violencia doméstica.
De ese total, 500 denuncias fueron presentadas en la capital de Santa Cruz y las otras 255, en la ciudad del Gorosito.
Los datos surgen de las presentaciones realizadas a los Juzgados de Familia N° 1 y 2 de Río Gallegos y el Juzgado de Familia caletense, en función de las medidas cautelares que se tomaron para mitigar el impacto de las violencias en esos hogares.
Al respecto, la responsable de la coordinación de las OVD y a su vez, titular de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia, Sabrina Granero, indicó que “es importante para el Poder Judicial mostrar en esta semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el trabajo que se ha realizado y se continúa realizando, pese a las limitaciones que nos ha impuesto el Covid-19 en las dependencias judiciales que día a día trabajan en la temática”.
El informe muestra que, en ambas ciudades, el mayor número de medidas estuvo vinculado a la prohibición de acercamiento a las victimas (362 en Río Gallegos y 213 en Caleta Olivia), continuando por prohibiciones de ingreso al hogar y exclusiones, al tiempo que más de 30 dispositivos policiales fueron destinados a las víctimas o sus viviendas, así como también para el caso de controlar que las personas denunciadas por agresión se mantengan a la distancia ordenada por el juez o la jueza.
Además, durante estos meses, funcionarias y funcionarios de las Oficinas de Violencia Doméstica tuvieron entrevistas con autoridades de la Policía de Santa Cruz, para coordinar medidas, mientras que también las juezas y jueces dieron intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (48 casos) y a la Oficina Municipal de Infancia en zona norte (41 casos).
Además, “han trabajado también, abordando este tipo de procesos cuando así correspondía, los Juzgados de Instrucción, las Oficinas de Asistencia Letrada a las Víctimas, el Centro de Asistencia a la Víctima, las Defensorías Oficiales, como así también las Fiscalías de las ciudades de mención”, agregó Granero, marcando que “en circunstancias de ASPO y DISPO fue y continúa siendo preciso redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia doméstica” por eso “dimos intervención -cada vez que las situaciones lo requerían- a la Subsecretaría de las Mujeres de la Provincia de Santa Cruz y al área de la Mujer del Municipio de Caleta y en algunos casos a los hospitales”.
Por otra parte, las estadísticas marcan que la fijación de cuotas alimentarias, multas por incumplimientos y la restitución de menores, también se llevaron adelante como acciones prioritarias, todo ello, para asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que son afectados por el contexto de violencia en el que se encuentran inmersos.
Por último, es importante recordar que, en cumplimiento de la obligación internacional asumida de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, teniendo en cuenta el especial contexto de Distanciamiento y Aislamiento Preventivo Obligatorio durante la pandemia Covid19, y el impacto que supone para la violencia doméstica, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, prorrogaron automáticamente la vigencia de las medidas de protección que habían sido dispuesta antes del 20 de marzo.
En este sentido, Granero precisó que “fuimos de las primeras provincias que prorrogó de oficio las medidas de protección dispuestas en las causas en trámite, lo que se efectivizó con las resoluciones dictadas desde las Cámaras Civiles de la Primera y Segunda circunscripción judicial, con el fin de garantizarle a las personas que sufren este flagelo la continuidad de las mismas una vez que se vencieran, evitando de esa manera que tengan que acercarse personalmente a las distintas dependencias policiales y/o judiciales”, finalizó. (Sara Delgado)
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