El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó el 4 agosto la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en las semanas siguientes la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley con una mayoría de 2 tercios y dejaron sin efecto el veto.
El Poder Ejecutivo debió promulgar la ley, pero en el decreto de promulgación señala que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida.
¿Qué dice el decreto y en qué se basó el Gobierno para no ejecutar la nueva ley? Lo repasamos en esta nota.
El Gobierno reasignó partidas pero mantiene suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad
El mismo día, el 22 de septiembre, en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 681/2025 y también la Decisión Administrativa 24/2025 firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El decreto promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad, como un acto formal, pero señala que “solo puede ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”, y denuncia, sobre este punto, una omisión por parte del Congreso.
El Ejecutivo justifica esta decisión en la Ley 24.629, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
En segundo lugar, la Decisión Administrativa 24/2025 modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para aumentar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1 de octubre, “en respuesta al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.
La norma señala que el aumento es necesario para “afrontar gastos que son impostergables” del sector, aclara que la Ley de Emergencia está suspendida en su aplicación y dispone que las partidas para enfrentar este nuevo gasto surgirán del ítem “Obligaciones a cargo del Tesoro”.
Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el incremento específico es de $ 121.364 millones en gastos corrientes para la ANDIS, lo que representa un aumento del 0,1% respecto al crédito vigente previo.
Tras la publicación de la ley y el decreto en el Boletín Oficial, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un comunicado que explica: “Expresamos nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando esta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”.
Además, pidieron: “Instamos a que se revierta esta situación de inmediato. Seguimos manifestando nuestra preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día”.
¿Qué es el Programa Incluir Salud y cómo funciona?
El Programa Federal Incluir Salud brinda cobertura médica y acceso a tratamientos y medicamentos para los beneficiarios de pensiones no contributivas que no posean obra social. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno nacional transfiere fondos a las provincias para que garanticen la atención de los beneficiarios de pensiones que residan en su territorio a través de la red pública de prestadores de salud.
Entre los beneficiarios se incluye a las pensiones por discapacidad o invalidez, pero también a otro tipo de programas como las pensiones graciables (designadas por el Congreso); las pensiones especiales como el que reciben los ex Combatientes de Malvinas y las madres de 7 hijos, entre otros.
Dentro de este programa se encuentra el servicio de “Prestaciones Médicas”. Según la web de la ANDIS, este servicio “evalúa, audita y aprueba las Prestaciones Médicas de Alto Costo y Baja Incidencia solicitadas por los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud a través de las Unidades de Gestión Provincial”.
El “Programa Incluir Salud” queda en una situación de limbo tras la promulgación y suspensión simultánea de la ley de emergencia. El programa continuará funcionando con normalidad, realizando transferencias automáticas a las provincias para prestaciones básicas per cápita y financiando directamente prestaciones de alto costo, medicamentos e insumos para personas con discapacidad.
Pero no podrá incorporar a los nuevos beneficiarios que prevé la Ley 27.793, quienes según la norma tendrían derecho automático a acceder a la cobertura médica integral. La suspensión de la ley implica que el programa se mantiene congelado en su configuración actual, sin poder expandir su cobertura a pesar de que la legislación ya establece ese derecho.
El Gobierno estimó que la incorporación masiva de nuevos pensionados al “Programa Incluir Salud” generaría un costo adicional de $ 574.200 millones en 2025 y $ 1.239.266 millones en 2026, cifras que no están contempladas en el presupuesto vigente.
Menos fondos para el Programa Incluir Salud
Como se explicó en esta nota, en 2024 los fondos destinados al Programa Incluir Salud cayeron 12,1% real (es decir, considerando el efecto de la inflación) con respecto a 2023.
En los primeros 7 meses de 2025 (último dato disponible) se registró una suba real del 13,4% con respecto a igual período de 2024. Esto implica una recuperación con respecto a 2024, pero las erogaciones aún se mantienen 1,7% real por debajo de 2023, último año de la presidencia de Alberto Fernández (Frente de Todos).
En tanto, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que el gasto previsto para 2025 se ubica 3,6% real por debajo de lo ejecutado el año pasado.
Por Chequeado
