A 15 años de la sanción de la Ley 26.657, profesionales, familiares y organizaciones reclaman su revisión. “Necesitamos una ley que defienda verdaderamente a los pacientes, a las familias y a los profesionales”, expresó la psicoanalista Silvia Papuchado, que convocó a una manifestación simbólica en todo el país.
Entrevistas10/10/2025
Guillermo Pérez Luque
“Queremos que la sociedad entera vista de negro, porque la salud mental está de duelo”, resumió Silvia Papuchado, psicoanalista, doctora en Psicología Clínica y titular del máster de Neuropsicofarmacología de la Universidad Barceló, durante una entrevista con FM Dimensión de El Calafate.
La profesional, integrante de la agrupación Familia Esperanza, explicó que este año decidieron realizar una convocatoria pública en la Plaza General Belgrano de Buenos Aires, e invitaron a que la acción se replique en plazas de todo el país. “Queremos visibilizar que necesitamos mejorar muchísimas cosas, entre ellas algunos artículos de la Ley 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental”, señaló.
Una ley con buenas intenciones, pero lejos de la realidad
La Ley de Salud Mental fue sancionada en 2010 y buscó instalar un nuevo paradigma basado en los derechos humanos, la atención comunitaria y el reemplazo progresivo de los hospitales psiquiátricos monovalentes por dispositivos integrales y ambulatorios.
Sin embargo, a 15 años, los especialistas coinciden en que la brecha entre el texto legal y la práctica sanitaria es profunda.
Papuchado lo resumió con claridad: “La ley se hizo en su momento con buena intención, muy idealista, pero nunca se otorgó la estructura, la logística ni el presupuesto para garantizar lo que promueve. No se acompañó la teoría con políticas concretas”.
La psicoanalista recordó que el artículo 31 de la ley establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, pero ese objetivo “jamás se cumplió. En el mejor de los casos, algunas provincias llegan al 6%, pero en general estamos muy por debajo del 3%”, indicó.
Puntos críticos
Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo 20, que regula las internaciones involuntarias y exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente”.
Papuchado sostuvo que esa redacción dificulta la asistencia en crisis graves, y genera inseguridad tanto para los profesionales como para las familias.
“Si el riesgo es cierto, ya dejó de ser probable; si es inminente, ya está ocurriendo. Cuando llega la ambulancia o la policía, ya dejó de ser inminente. Es una redacción que nos ata las manos”, explicó.
Por eso, desde Familia Esperanza y distintos sectores de la salud mental, piden revisar y actualizar varios artículos.
“No porque queramos internar a nadie, sino porque hay momentos en que es necesario contener al paciente por un tiempo corto, en un lugar adecuado, con atención especializada. Un hospital monovalente no es un manicomio, es un centro especializado que debe tener clínica médica, cardiología, todo lo necesario para atender integralmente a una persona que sufre”, subrayó Papuchado.
La especialista recordó que tras el COVID-19, se dispararon los casos de ansiedad, depresión, consumo problemático y otras patologías. “Después de la pandemia quedamos con otra pandemia: la de salud mental. Es hora de rever la ley, aggiornarla al 2025 y dotarla de herramientas reales”, advirtió.
El cambio cultural pendiente
La profesional también enfatizó en el estigma social que todavía rodea a las enfermedades mentales: “Si alguien tiene un problema cardíaco o renal, no lo insultan por eso. Pero si alguien padece una patología mental, enseguida lo llaman ‘loco’ o ‘histérico’. Hay que respetar a la persona que sufre y también a su familia, que muchas veces no sabe qué hacer y tiene las manos atadas”.
En esa línea, Papuchado cuestionó que la ley denomine “usuarios” a las personas con trastornos mentales: “Usuario soy yo de una empresa de telefonía, no de la salud mental. Los pacientes necesitan diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Llamarlos pacientes no es estigmatizarlos, es reconocer que necesitan atención médica”.
En entrevista con el programa "A Diario" Papuchado sostuvo que los proyectos de modificación ya están siendo analizados por distintos sectores del Poder Ejecutivo y Judicial, y pidió que ahora el Poder Legislativo escuche los reclamos. “Esperamos que el año próximo los legisladores apoyen los cambios que hacen falta, para que realmente se respete la salud mental como se debe”, concluyó.
Una fecha para reflexionar
Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, encuentra al país en un momento clave. La ley que alguna vez fue emblema de derechos hoy está en el centro del debate.
Profesionales, familias y organizaciones coinciden en que sin recursos, sin estructura y sin un marco flexible, los principios de la norma se convierten en obstáculos.
La consigna de este año es clara: “Honremos a la salud mental. Hablemos, revisemos y cambiemos lo que haya que cambiar para cuidar a quienes más lo necesitan.”
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