Guillermo Pérez Luque
El diputado Daniel Román Peralta, del bloque Santa Cruz Somos Todos, presentó el 2 de octubre pasado un proyecto de ley que tiene como objetivo asegurar el acceso no digital a trámites, servicios y prestaciones del Estado provincial para las personas adultas mayores.
La propuesta, titulada “Garantía de Acceso No Digital para Personas Adultas Mayores”, busca que quienes tengan más de 60 años puedan elegir libremente entre realizar sus gestiones de manera digital o por vías presenciales y en soporte papel, según su preferencia o capacidad.
“El proceso de digitalización no puede ser una barrera para el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Debe existir siempre una alternativa presencial y accesible”, fundamentó Peralta.
Con esta propuesta, se busca que Santa Cruz avance hacia un modelo de modernización estatal inclusivo, donde los avances tecnológicos convivan con la atención humana y personalizada, especialmente para quienes más lo necesitan.
“La modernización del Estado no puede implicar la pérdida de derechos. Garantizar la opción no digital es una forma de cuidar a quienes construyeron nuestra provincia”, afirma el autor.
Trámites presenciales y asistencia personalizada
El proyecto al que accedió Ahora Calafate establece que todos los organismos del Estado provincial, incluidos entes autárquicos, descentralizados y empresas públicas, deberán mantener la atención presencial y el uso de formularios en papel como alternativa permanente a los sistemas digitales.
Asimismo, ordena al Estado garantizar la atención personalizada y la asistencia a quienes tengan dificultades para utilizar medios electrónicos.
“El Estado debe acompañar y asistir, no reemplazar la presencia humana con pantallas. La atención personalizada es parte del respeto y la dignidad que merecen nuestros adultos mayores”, expresó el legislador.
El proyecto toma como referencia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por la Ley Nacional 27.360, que establece principios como independencia, participación, autorrealización y dignidad.
En ese sentido, la iniciativa propone que toda política pública destinada a este grupo etario se diseñe bajo esos principios y que cualquier norma provincial se interprete “en el sentido más favorable” para su cumplimiento.
“La autonomía de las personas mayores debe preservarse también en el acceso a la administración pública. No se trata de frenar la modernización, sino de hacerla verdaderamente inclusiva”, argumenta el diputado en los fundamentos.
El texto designa al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, como autoridad de aplicación.
El proyecto ya fue girado para su análisis a las comisiones de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Vivienda, y de Legislación General, donde comenzará su tratamiento en los próximos días.
