La Corte Suprema ordenó a la Justicia Federal en Santa Cruz que resuelva un conflicto por reservas naturales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que no le corresponde intervenir directamente en el amparo presentado por la Provincia de Santa Cruz contra el Estado Nacional por la creación de las Reservas Naturales Silvestres La Ascensión y Piedra del Fraile, ambas ubicadas en el noroeste santacruceño.

El tribunal entendió que el caso debía tramitarse en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, donde ya se desarrolla otra causa conexa vinculada al Decreto 838/2018, que estableció la Reserva Natural Silvestre Patagonia.

“En ambos casos se cuestionan distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional que crean tres áreas naturales protegidas en la Provincia de Santa Cruz, por la misma vía procesal y con fundamentos jurídicos sustancialmente análogos”, señaló la Corte en el fallo al que accedió Ahora Calafate

La resolución lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que mantener causas separadas podría derivar en fallos contradictorios.

“Aceptar lo contrario implicaría la posibilidad de admitir la discrecionalidad de los litigantes en la determinación de una competencia que, en el caso, es de raigambre constitucional y de interpretación restrictiva”, advirtieron los jueces.

 Los decretos que dieron origen a las reservas 

El conflicto tiene su raíz en los decretos 326/2019 y 327/2019, firmados durante la presidencia de Mauricio Macri, mediante los cuales se crearon las Reservas Naturales Silvestres La Ascensión y Piedra del Fraile.

Ambos decretos se basaron en donaciones con cargo aceptadas por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), provenientes de la Fundación Flora y Fauna Argentina y del Fideicomiso Los Glaciares, respectivamente.

Nación creó la Reserva Natural Piedra del Fraile en zona de El Chalten

En los considerandos del Decreto 326/2019, que dio origen a La Ascensión, el Poder Ejecutivo argumentó que el área “conserva inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural” y que su incorporación era clave para consolidar “la conformación del corredor biológico de la estepa patagónica, incluyendo un sector norte de la meseta del Lago Buenos Aires y parte de la costa del lago homónimo”.

Por su parte, el Decreto 327/2019, que creó la Reserva Piedra del Fraile, cercana a El Chaltén, destacó la importancia del sitio para la protección de especies amenazadas como el huemul y el pato de los torrentes, y subrayó que el área “contribuirá positivamente a la conservación de la cuenca del Río de las Vueltas”.

Ambas normas encomendaron a Parques Nacionales “la custodia y el manejo ambiental” de los predios, de acuerdo con la categoría de Reserva Natural Silvestre creada por el Decreto 453/1994.

 El reclamo de Santa Cruz y el planteo constitucional 

Días después de su publicación, la Provincia de Santa Cruz cuestionó la constitucionalidad de los decretos, y promovió una acción de amparo ante la Corte Suprema, alegando que la creación de reservas naturales en su territorio sin intervención legislativa “invadía competencias locales y vulneraba la autonomía provincial”. 

Santa Cruz reacciona contra los decretos de Macri que crean reservas naturales

Ahora Calafate informó oportunamente sobre la demanda presentada por el entonces Fiscal de Estado Fernando Tanarro y la abogada Graciana Peñafort Colombi— sostuvo que el Ejecutivo Nacional no puede declarar reservas naturales sin una ley provincial que ceda jurisdicción y una ley del Congreso Nacional que las incorpore al sistema de Parques Nacionales, conforme a lo previsto por la Ley 22.351.

“Se requiere de una ley local para ceder la jurisdicción de la provincia al Estado Nacional y de una ley del Congreso para crear reservas naturales”, expresó el escrito de amparo.

Confirmado: Santa Cruz pide a la Corte Suprema que anule dos decretos de Macri

Además, el gobierno santacruceño advirtió que las donaciones aceptadas por Parques Nacionales implicaban una transferencia irregular de dominio y control territorial, y que el Estado Nacional “se arrogó potestades sin contar con la autorización provincial”.

 Las donaciones y la controversia política 

La Fundación Flora y Fauna Argentina, entidad conservacionista privada que impulsó gran parte de estas donaciones, adquirió alrededor de 85.000 hectáreas en Santa Cruz con el objetivo de consolidar un corredor ecológico binacional junto al Parque Nacional Patagonia (Chile).

Sin embargo, el proceso generó malestar entre sectores políticos y productores locales, que temen la pérdida de tierras productivas y la injerencia de capitales extranjeros en zonas estratégicas de la provincia.

En 2018, la Legislatura santacruceña declaró la emergencia en materia de posesión de tierras rurales para impedir nuevas cesiones, y la Fiscalía de Estado provincial presentó su primer amparo ante la justicia federal por la Reserva Patagonia.

Luego de la creación de La Ascensión y Piedra del Fraile, el gobierno provincial amplió su reclamo ante la Corte Suprema, alegando que la Nación continuaba avanzando con decretos “sin consulta ni consentimiento provincial”.

En Santa Cruz, la creación de estas reservas abrió un fuerte debate:  mientras el gobierno provincial reclama el respeto a su jurisdicción territorial, desde sectores ambientalistas celebraron que las reservas sean “un paso esencial para proteger ecosistemas únicos del sur argentino”.

 Qué resolvió la Corte Suprema 

La Corte no se pronunció aún sobre la constitucionalidad o no de los decretos, pero sí estableció que la competencia corresponde a la Justicia Federal de Caleta Olivia, donde se tramita el expediente de la Reserva Patagonia, por tratarse de un caso conexo.

“Se observa una identidad sustancial en los fundamentos jurídicos de ambas causas, por lo que resulta procedente la tramitación conjunta ante el mismo tribunal”, señala el fallo fechado el 7 de octubre pasado

El máximo tribunal dispuso remitir las actuaciones a ese juzgado para su acumulación, evitando que distintos tribunales emitan decisiones contradictorias sobre un mismo conflicto jurídico-ambiental.

El fallo de la Corte mantiene en suspenso la definición de fondo sobre las reservas naturales, pero sienta un precedente en materia de competencias entre la Nación y las provincias respecto de la creación de áreas protegidas.