Guillermo Pérez Luque
Luego de la reunión celebrada el miércoles en el Juzgado de Instrucción de El Calafate, donde las partes involucradas en el conflicto por el ex Hotel La Aldea acordaron postergar el desalojo por un período de seis meses, el juez Carlos Albarracín dispuso una serie de medidas preventivas que apuntan a garantizar la seguridad de las personas y del inmueble ocupado.
Ahora Calafate estuvo presente en el Juzgado siguiendo las instancias de la negociación y sus resultados.
Además de todo lo informado ayer por este medio, el magistrado instruyó el envío de oficios a diferentes organismos provinciales y locales para que evalúen la situación general del lugar y adopten acciones coordinadas ante eventuales contingencias. Las medidas abarcan aspectos eléctricos, sanitarios, edilicios y de seguridad pública.
Control de accesos
Un oficio fue dirigido a la Comisaría de El Chaltén, con la instrucción de establecer un control permanente en el perímetro del ex hotel para impedir nuevos ingresos y evitar que se incorporen materiales o personas ajenas a los actuales ocupantes.
La orden busca mantener la situación bajo resguardo, sin alterar el acuerdo alcanzado en la audiencia y garantizando que no se amplíe la ocupación. En tal sentido, la Policía local deberá mantener presencia preventiva en el lugar.
Imagen Archivo AC
Evaluación de la infraestructura y servicios
El juez también solicitó la intervención de Servicios Públicos Sociedad del Estado, para que realice un informe detallado sobre el estado de las instalaciones eléctricas y de agua del edificio. Recordemos que meses atrás hubo un principio de incendio en un poste cercano, que dejó sin energía la Puesto Sanitario
El relevamiento incluirá una verificación de las conexiones, cableados, posibles sobrecargas y condiciones generales del sistema, además de un registro fotográfico y recomendaciones técnicas.
El objetivo es identificar riesgos vinculados con el uso intensivo de la energía y la infraestructura deteriorada, algo que podría comprometer la seguridad de los ocupantes y de la zona circundante.
Capacidad de respuesta
Paralelamente, se requirió la intervención de los Bomberos de El Chaltén, para que evalúen su capacidad operativa ante un posible incendio o situación de emergencia. El informe deberá incluir tiempos de respuesta, rutas de acceso y eventuales dificultades logísticas.
A su vez, el Puesto Sanitario local deberá detallar los recursos disponibles —personal, insumos y equipamiento— para brindar atención inmediata en caso de emergencia, así como la capacidad de derivación hacia el Hospital SAMIC de El Calafate u otros centros asistenciales de la región.
Ahora Calafate supo que otro de los oficios está dirigido al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, y ordena coordinar un plan preventivo integral. La instrucción contempla la posibilidad de reforzar personal y equipamiento en El Chaltén para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad.
En los próximos días, cada organismo deberá remitir sus informes técnicos al juzgado para definir los pasos siguientes.
