Guillermo Pérez Luque
El Dr. Fernando Basanta y su apoderado legal, el Dr. Alejandro Ruggero. Detrás el Dr. Sergio Macagno, quien presentó el pedido de Juicio Político
Durante la audiencia celebrada en la Sala Juzgadora de la Legislatura Provincial, el abogado penalista Alejandro Ruggero —defensor de Basanta— cuestionó la validez misma del juicio político impulsado contra su representado, actualmente suspendido con el 50% de su salario.
Como viene informando Ahora Calafate, el proceso político contra Basanta se basa en la acusación de que habría accedido a cargos judiciales sin cumplir con los seis años de ejercicio profesional exigidos por la Constitución Provincial, además de no contar con matrícula local habilitante al momento de su nombramiento como fiscal y luego como vocal del Tribunal Superior.
El dictamen acusatorio también menciona posibles delitos previstos en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal, referidos al incumplimiento de deberes y al ejercicio de cargos sin reunir requisitos legales, además de supuestas infracciones a la Ley de Ética Pública.
Ante los diputados de la Sala Juzgadora, Ruggero sostuvo que la acusación “no tiene un objeto legal válido” y que los cargos “repiten exactamente el debate parlamentario de septiembre de 2022”, cuando la Cámara aprobó por mayoría la designación de Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia.
“Este juicio político es absolutamente nulo por improcedencia. No hay argumentos nuevos ni distintos. Se intenta borrar con la mano lo que ya se escribió con el codo” (SIC), dijo el letrado. (N.de la R. El dicho es "borrar con el codo lo que se escribió con la mano"
Ruggero recordó que, en aquella sesión legislativa, el único punto de discusión fue si Basanta cumplía o no con los requisitos de antigüedad profesional establecidos en el artículo 127 de la Constitución Provincial. “Todos los diputados debatieron ese tema, votaron, y la designación fue aprobada. Por lo tanto, el asunto está cerrado y agotado en términos institucionales”, afirmó.
El defensor argumentó que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para reeditar un tema ya resuelto en el marco de un procedimiento legítimo. Según Ruggero, los cuestionamientos sobre la validez del nombramiento “solo pueden ser revisados por la vía judicial”, y no a través de un proceso político.
“La única instancia que puede revisar un acto de designación es el Poder Judicial, y en última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Legislatura no está habilitada para volver sobre sus propios actos”, sostuvo.
También señaló que los fundamentos del dictamen acusatorio “copian y pegan” partes de denuncias anteriores —entre ellas la presentada por la Asociación de Abogados de Río Gallegos—, sin incorporar elementos nuevos ni pruebas adicionales.
Los posibles efectos institucionales
Ruggero advirtió que una eventual nulidad de la designación de Basanta podría tener consecuencias graves sobre los fallos emitidos en los últimos tres años por el Tribunal Superior de Justicia, incluyendo resoluciones de alto impacto político y penal.
“Si la designación fuese declarada nula, todos sus fallos serían nulos también. Habría que revisar causas penales, electorales y administrativas. Se generaría un estrépito institucional enorme”, alertó.
El abogado remarcó que la vía judicial ya está en curso, a partir del recurso extraordinario presentado por la Asociación de Abogados ante la Corte Suprema, y que el juicio político resulta “el camino equivocado” para tratar el tema.
En el cierre de su exposición, Ruggero pidió formalmente que la Sala Juzgadora archive el proceso por nulidad, al entender que “carece de objeto distinguible del ya tratado por la Legislatura en 2022”.
“No es un problema de motivos, sino de forma. Este camino no corresponde. La única instancia competente para resolver es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó.
Tras la exposición de Ruggero se fijó fecha para el viernes 14 de noviembre para que la Legislatura defina si remueve o no a Basanta de su cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia. Para ello se necesitará el voto de dos tercios de los diputados presentes.
