Juicio Politico Basanta

La Sala Juzgadora conformada por 12 legisladores se resolvió absolver al vocal del TSJ al no encontrar elementos suficientes para sostener las causales invocadas. Se deja sin efecto su suspensión y deberá reincorporarse con el goce íntegro de sus haberes.

Con esa frase, Sergio Macagno sintetizó su crítica a la defensa de Alejandro Ruggero, abogado de Fernando Basanta, durante el proceso de juicio político que sigue la Legislatura. Cuestionó los argumentos del defensor, a quien acusó de desconocer las facultades del Poder Legislativo y de evitar explicar si su cliente cumple el requisito constitucional de seis años de abogacía. Dijo que el caso expone “una grave crisis de confianza pública en la Justicia”.

El Dr. Alejandro Ruggero, abogado defensor del juez del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Fernando Basanta, sostuvo que el proceso en su contra carece de objeto jurídico y que reedita una discusión ya resuelta por la Legislatura en 2022, cuando se aprobó su designación. Advirtió además que anular la designación tres años después “generaría un estrépito institucional”, al poner en duda la validez de fallos firmados por el magistrado. Dijo que el único camino es el judicial y a través de la Corte Suprema

El vicegobernador Fabián Leguizamón citó para el lunes 27 de octubre a los diputados integrantes de la Sala Juzgadora, en el marco del proceso de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta.

La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió este miércoles suspender a Fernando Basanta en su cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia. La medida se tomó por mayoría de votos y, mientras dure la suspensión, el magistrado percibirá el 50 por ciento de su sueldo.

El abogado Sergio Macagno presentó ante la Legislatura un pedido formal de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El planteo sostiene que Basanta fue designado sin los años de ejercicio profesional exigidos por la Constitución y que su aceptación del cargo podría constituir una infracción penal y ética. Ahora Calafate accedió al documento.