Guillermo Pérez Luque
El nuevo presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De la Torre, mantuvo un primer encuentro con integrantes de la Delegación Santa Cruz de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), con el objetivo de analizar la situación del sector y coordinar acciones para reactivar la obra pública en toda la provincia.
En diálogo con FM Dimensión, De la Torre contó que el gobernador Claudio Vidal le encomendó “darle mayor eficiencia y transparencia a la gestión del Instituto”. En ese sentido, anunció que los pliegos de licitación serán públicos y gratuitos para su consulta, a fin de garantizar la participación de todas las empresas interesadas.
“Queremos que el proceso sea más abierto. Cualquier empresa podrá consultar los pliegos sin necesidad de comprarlos, y luego decidir si participa o no”, explicó el funcionario.
Durante la reunión, las empresas manifestaron la necesidad de formar una mesa tripartita que incluya al IDUV, al gremio de la construcción y al sector empresario, con el fin de coordinar esfuerzos y asegurar la continuidad de los proyectos. “Todos estamos empujando para lo mismo: que haya obra pública”, señaló De la Torre.
El titular del Instituto reconoció que muchas obras quedaron paralizadas en los últimos años, especialmente desde mediados de 2023, por la falta de financiamiento nacional. “En toda la provincia hay obras inconclusas. Queremos retomarlas y terminarlas”, afirmó en el programa “A Diario”.
De la Torre también destacó el avance de un Registro Provincial de Demanda Habitacional, que estará concluido entre fines de diciembre y comienzos de enero. Este relevamiento permitirá contar con datos precisos sobre el déficit de viviendas en cada localidad.
“Con esa información vamos a poder planificar los proyectos de manera más justa y eficiente”, explicó.
Respecto del financiamiento, el presidente del IDUV detalló que muchas obras se ejecutarán con fondos provenientes del fideicomiso creado tras el acuerdo entre el Gobierno Provincial y YPF, que incluye un canon de 200 millones de dólares destinado a obras y servicios públicos.
“Es la primera vez que una empresa se retira de una provincia y se hace cargo de los pasivos ambientales, dejando además recursos para el desarrollo. Ese fondo es clave para sostener la obra pública en esta nueva etapa”, subrayó De la Torre.
