La Legislatura aprobó por unanimidad la ley que crea el Programa Provincial de Buenas Prácticas en Accesibilidad Cognitiva y Comunicacional; la norma obliga al Estado a adaptar comunicaciones, espacios y servicios para que sean fáciles de entender.
21/11/2025
Guillermo Pérez Luque
El jueves 13 de noviembre la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó por unanimidad una ley destinada a reducir una barrera que muchas veces pasa desapercibida: la dificultad para comprender la información oficial. La norma crea el Programa Provincial de Buenas Prácticas en Accesibilidad Cognitiva y Comunicacional, una iniciativa impulsada por legisladores del bloque Unión por la Patria que busca que las personas con discapacidad, los adultos mayores y cualquier ciudadano que tenga problemas de comprensión puedan participar y decidir con plena información.
En términos sencillos, accesibilidad cognitiva y comunicacional significa cambiar la forma en que el Estado y los servicios públicos se dirigen a la población: no se trata sólo de traducir un texto, sino de presentar los trámites, los mapas, los formularios y las señales en un formato que sea realmente comprensible.
Eso incluye, por ejemplo, redactar comunicados en lenguaje claro, ofrecer versiones en “lectura fácil”, acompañar la información con apoyos visuales y diseñar espacios y procesos pensando en quién pueda tener dificultades para entender instrucciones complejas. La nueva ley incorpora esa idea a la definición de accesibilidad universal que ya rige en otras áreas.
El proyecto entiende además que la discapacidad no es sólo un problema individual sino una cuestión que depende del entorno: muchas barreras se generan por la forma en que se comunica o se organiza un servicio.
Los autores del proyecto sostienen que “no crear accesos es discriminar”, y plantean que mejorar la comprensión de la información pública impacta directamente en la calidad de vida de las personas.
A partir de la sanción, la Jefatura de Gabinete de Ministros quedará a cargo de aplicar el programa y deberá reglamentarlo en el plazo previsto por la ley, que es de 60 días.
El texto aprobado obliga al Estado provincial a trabajar en pautas y herramientas que permitan que los mensajes oficiales, la señalética, los procedimientos administrativos y los materiales informativos sean accesibles para quienes tengan dificultades cognitivas o de comprensión.
También prevé la articulación con organizaciones sociales y la realización de campañas de difusión y capacitación, a fin de que el cambio sea operativo y llegue a la práctica cotidiana.
La norma fue presentada por las y los diputados Rocío García, Eloy Echazú, Agostina Mora, Karina Nieto y Elba Ponce, y su tratamiento contó con consenso en el cuerpo legislativo. Además de fijar el marco conceptual, la ley habilita al Poder Ejecutivo a ajustar el presupuesto necesario para instrumentar las medidas que se definan en la reglamentación.
Para vecinos y organizaciones que trabajan temas de discapacidad, la sanción supone un paso concreto: si la implementación se cumple, trámites municipales, turnos de salud, avisos de emergencia y otros servicios públicos deberían ser más fáciles de entender y usar.
La diferencia práctica será que los documentos y los canales de atención intentarán evitar tecnicismos y ofrecer alternativas visuales y resúmenes en lectura fácil. En el mediano plazo, la expectativa es que esa práctica se refleje también en políticas de inclusión y accesibilidad en distintos ámbitos de la administración.
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