Guillermo Pérez Luque
La Legislatura de Santa Cruz comenzó a analizar un proyecto de ley que busca garantizar el acceso a alimentos libres de gluten. La propuesta, presentada por la diputada Rocío García del bloque Unión por la Patria, tomó estado parlamentario en la pasada sesión y plantea la adhesión plena a las normativas nacionales vigentes sobre productos “SIN GLUTEN”, que reemplazarán de manera progresiva el conocido sello “SIN TACC”. Esta actualización se enmarca en las disposiciones de la ANMAT y el Código Alimentario Argentino, que establecen un período de transición hasta diciembre de 2026.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa a la que accedió Ahora Calafate es la obligatoriedad de garantizar al menos una opción de alimentos libres de gluten en todos los establecimientos gastronómicos, bares, restaurantes, supermercados, almacenes, autoservicios, comedores escolares e instituciones educativas públicas y privadas de la provincia.
Según el proyecto, estas alternativas deberán cumplir estrictamente con las “normas de manipulación y conservación”, buscando evitar riesgos de contaminación y garantizando condiciones adecuadas para quienes dependen de una alimentación libre de gluten.
El texto también incorpora la exigencia de un “etiquetado claro, visible y legible” para todos los productos alimenticios comercializados en Santa Cruz, tanto nacionales como importados.
La “identificación inequívoca” de los alimentos aptos será fiscalizada por los organismos provinciales, en coordinación con las autoridades nacionales competentes, reforzando el control sobre un aspecto clave para quienes viven con celiaquía o intolerancia al gluten.
Otro de los elementos destacados en el proyecto es la creación del “Programa Provincial de Apoyo Integral para Personas con Enfermedad Celíaca” y otros trastornos relacionados con la intolerancia al gluten. Este programa estará destinado especialmente a familias de bajos recursos, e incluirá la incorporación de alimentos sin gluten en los módulos alimentarios, la actualización de los montos de las tarjetas sociales (según el Índice de Precios de Alimentos Sin Gluten del Ministerio de Salud de la Nación), y la asistencia técnica para la correcta manipulación y preparación de comidas aptas.
También el proyecto prevé la firma de convenios con comercios y productores locales para promover precios accesibles y garantizar un abastecimiento sostenido.
En los fundamentos, García advierte “en Santa Cruz, la problemática se agrava por la limitada oferta local de productos sin gluten, las grandes distancias logísticas y los precios notoriamente superiores a los de alimentos convencionales (en algunos casos hasta 400% más altos), lo que coloca a muchas familias en una situación de vulnerabilidad alimentaria”.
El proyecto contempla además el desarrollo de campañas permanentes de educación alimentaria, difusión y sensibilización. Estas acciones deberán llegar a toda la comunidad e incluir programas específicos en los establecimientos educativos, “con el objetivo de construir una sociedad más consciente e inclusiva”, capaz de reconocer las necesidades de quienes deben mantener una dieta libre de gluten.
El proyecto ya tomó estado parlamentario y comenzará un largo recorrido ya que será tratado en seis comisiones. De aprobarse la ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, que trabajará en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y con los municipios que decidan adherir.
