Guillermo Pérez Luque
El nuevo régimen dispone la creación del Programa de Atención y Promoción Educativa de Estudiantes con Altas Capacidades, que deberá ser implementado por el Consejo Provincial de Educación (CPE). Su objetivo central es garantizar que los estudiantes que presenten un desarrollo intelectual avanzado, talentos específicos o un rendimiento excepcional en distintos dominios reciban estrategias pedagógicas adecuadas para su trayectoria escolar.
Detección temprana
La ley define como estudiantes con altas capacidades a aquellos que muestran un rendimiento excepcional o un potencial destacado en áreas cognitivas, creatividad, liderazgo o talento específico. Para ello, establece la necesidad de aplicar procesos de identificación temprana y seguimiento continuo, a cargo de equipos técnicos interdisciplinarios.
La diputada provincial Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) autora del proyecto, señalo que el propósito es “reconocer y garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental, para los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades intelectuales”, un aspecto contemplado de manera general por la Ley Nacional de Educación, pero sin desarrollo específico en las provincias.
En los fundamentos, Loreiro afirma que “la realidad indica que esto es escasamente cubierto debido a la falta de definiciones específicas y a la falta de preparación y organización que tienen las instituciones educativas ante estas situaciones”. Sostiene también que las estadísticas nacionales muestran que un alto porcentaje de estudiantes con altas capacidades “no reciben la atención adecuada”, lo que deriva en desmotivación, bajo rendimiento y dificultades emocionales.
El CPE será responsable de diseñar y ejecutar instrumentos de evaluación que incluyan pruebas de inteligencia general y no verbal, análisis de creatividad, observación de conductas asociadas al aprendizaje y evaluaciones psicodiagnósticas integrales. Estos procedimientos buscan obtener un perfil completo del estudiante para orientar su acompañamiento educativo.
Además, la norma incorpora un punto novedoso: la obligatoriedad de los docentes de notificar a las familias cuando adviertan indicios compatibles con altas capacidades. La comunicación debe ser fehaciente y por escrito, a fin de iniciar el proceso de evaluación diagnóstica correspondiente. El incumplimiento injustificado podrá ser considerado falta grave dentro del régimen docente.
Planes pedagógicos flexibles
De acuerdo al proyecto aprobado, al que accedió Ahora Calafate, cada institución educativa deberá elaborar planes pedagógicos flexibles, en coordinación con los equipos técnicos y con participación de las familias.
Las estrategias contempladas incluyen “enriquecimiento curricular, grupos de aprendizaje por niveles de competencia, acompañamiento de docentes especializados” y la posibilidad de avanzar de nivel en determinadas áreas cuando así lo recomienden las evaluaciones.
La ley también crea un Registro Provincial de Estudiantes con Altas Capacidades, administrado por el CPE, con el propósito de coordinar intervenciones y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas.
Formación docente
El CPE deberá implementar programas de formación continua para docentes y directivos en educación de altas capacidades, así como establecer equipos de orientación escolar dedicados al acompañamiento psicopedagógico y emocional de estudiantes y familias.
La diputada advierte que en muchas escuelas de la provincia “es común ver a estudiantes que parecieran tener problemas de conducta y que son estigmatizados, pero no atendidos”. Y que mientras los establecimientos sí cuentan con herramientas para trabajar la discapacidad, “no están preparados para atender a aquellos que presentan capacidades diferentes en los niveles cognitivos promedio”.
Por lo tanto, en articulación con universidades y centros de innovación, se desarrollarán programas específicos para potenciar los intereses y habilidades de estos estudiantes. Estos incluirán talleres en distintas áreas disciplinares, mentorías con especialistas y participación en ferias científicas y olimpiadas.
La normativa prevé la articulación entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Salud y Ambiente para garantizar mecanismos de detección temprana y seguimiento. Además, establece que los recursos necesarios para su implementación deberán asignarse dentro del presupuesto educativo provincial.
Tras la aprobación por unanimidad la ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial dentro de los 120 días posteriores a su promulgación y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
