Hector Lara
Según lo establecido por la ley, corresponde al Ministerio de Gobierno disponer y garantizar la existencia de un ente regulador encargado de su aplicación y control en todo el territorio provincial. Sin embargo, denuncian que esta responsabilidad no ha sido ejercida de manera efectiva, lo que deriva en una omisión grave del Estado y en consecuencias concretas para la comunidad.
En distintos debates se ha fundamentado que la pirotecnia sonora afecta de forma directa a personas con discapacidad, especialmente a quienes se encuentran dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas con hipersensibilidad sensorial, adultos mayores y personas con distintos padecimientos de salud. Para estos sectores, los estruendos no son una molestia menor, sino una fuente de sufrimiento, estrés, crisis de ansiedad y riesgos físicos.
El impacto negativo también se extiende al ambiente y al bienestar animal. El uso de pirotecnia provoca lesiones, extravíos e incluso la muerte de animales domésticos y silvestres, vulnerando principios básicos de protección animal y cuidado ambiental que deberían ser garantizados por el Estado.
En la ciudad de Río Gallegos, la falta de controles efectivos sobre la comercialización de pirotecnia ha sido motivo de fuertes críticas. Señalan que a pesar de la vigencia de normativas locales que prohíben la venta y el uso de productos pirotécnicos de alto impacto sonoro, vecinos y grupos protectores de derechos aluden a que estas prohibiciones quedan muchas veces en el papel, sin mecanismos de fiscalización reales que las sostengan. Los vecinos reclamaron el pasado lunes 29 sobre las avenidas Kirchner y San Martin que el municipio debe asumir una postura más activa y responsable ante la problemática.
Al sur de la provincia de Chubut, en la vecina localidad de Comodoro Rivadavia, la situación también despertó fuertes repercusiones sociales. A pesar de la vigencia de la ordenanza local N.º 12.625, que prohíbe los fuegos artificiales con estruendo y solo habilita pirotecnia lumínica o de bajo impacto sonoro, los portales chubutenses cubrieron lo que fue la madrugada de Navidad que estuvo marcada por más de 20 incendios y cientos de animales extraviados o atropellados. Familias con niños con TEA, adultos mayores y personas con sensibilidad auditiva denunciaron que tuvieron que dejar sus hogares para evitar crisis de pánico y situaciones de riesgo.
Ante este escenario, organizaciones sociales, proteccionistas animales y vecinos autoconvocados realizaron manifestaciones en Comodoro Rivadavia bajo la consigna “Pirotecnia Cero”, reclamando por el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y el regreso de la prohibición total del uso de pirotecnia sonora, que había estado vigente años atrás.
Los manifestantes señalaron que la modificación de la normativa local, que habilitó ciertos artefactos aunque sea de bajo impacto, no evitó la crisis vivida durante las fiestas, evidenciando una falta de controles efectivos y supervisión municipal, pese a operativos de secuestro de pirotecnia antigua.
“Las leyes que protegen derechos no pueden quedar en letra muerta”, comparten dede distintas agrupaciones, evidenciando que la inclusión de las personas con discapacidad, la protección de los animales y el cuidado del ambiente no son consignas ni gestos simbólicos, sino obligaciones concretas del Estado.
Localidades santacruceñas como El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado y San Julián también denuncian la falta de controles efectivos y la evidente organización social para exigir cumplimiento, volviendo más urgente la adopción de decisiones políticas claras, fiscalizaciones reales y sanciones ejemplares que garanticen celebraciones seguras, respetuosas y libres de daños para toda la comunidad.
