Guillermo Pérez Luque
La iniciativa fue presentada el 26 de noviembre pasado por la diputada Rocío García, del bloque Unión por la Patria. Según el texto del proyecto al que accedió Ahora Calafate, el objetivo central es “establecer la educación inicial desde la edad de tres (3) años en el sistema educativo provincial”, declarando formalmente obligatoria esa etapa educativa para niños y niñas de Santa Cruz.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la sustitución del artículo 18 de la Ley 3.305, que pasaría a establecer que “la educación es obligatoria en todo el territorio provincial desde la edad de 3 años del Nivel de Educación Inicial, todo el Nivel de Educación Primaria y hasta la finalización del Nivel de Educación Secundario inclusive”.
De prosperar la iniciativa se ampliaría el inicio de la obligatoriedad escolar, que actualmente comienza a los 4 años, incorporando a la sala de 3 como parte del trayecto obligatorio.
El proyecto también redefine el alcance de la Educación Inicial, sustituyendo el artículo 27 de la ley vigente, al señalar que este nivel “comprende a los/as niños/as desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorios los 3 últimos años”.
Implementación gradual
La iniciativa contempla una implementación progresiva. En ese sentido, el nuevo texto del artículo 32 establece que el Estado Provincial tendrá la responsabilidad de “expandir en forma gradual y progresiva la obligatoriedad de la Sala de 3 años, haciéndola efectiva en un plazo no mayor a dos años para la totalidad de la población”.
Además, se fija como prioridades garantizar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atender especialmente a los sectores más vulnerables y regular tanto a las instituciones estatales como privadas del nivel inicial.
En sus fundamentos, la diputada García (foto) aclara que, si bien la ley provincial “ya plantea la universalización de la sala de tres años”, es fundamental dar el próximo paso, que es el “carácter obligatorio”.
Para avanzar en la aplicación concreta de la ley, el proyecto instruye al Consejo Provincial de Educación (CPE) a realizar un relevamiento integral que permita identificar las necesidades de infraestructura, cargos docentes y cobertura territorial, teniendo en cuenta la situación actual y la proyección demográfica de cada localidad.
Ese informe será la base para que el Poder Ejecutivo elabore un Plan Operativo, con un plazo máximo de dos años para ampliar la oferta educativa necesaria.
El proyecto permanece actualmente en comisiones y no fue tratado antes del cierre del período ordinario 2025, por lo que su debate quedará para la agenda legislativa del año que comienza. En caso de ser aprobada, la ley deberá ser reglamentada dentro de los 180 días posteriores a su promulgación
