Guillermo Pérez Luque
El Gobierno de Santa Cruz presentó ante la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de Ley que declara la emergencia comercial, industrial y Pyme en todo el territorio provincial. La propuesta surge a partir de un planteo formal realizado por las cámaras empresarias, que vienen advirtiendo sobre la compleja coyuntura económica que atraviesan numerosos comercios e industrias.
La iniciativa será abordada en la sesión extraordinaria convocada para el jueves 19 de febrero, en un contexto marcado por la caída del consumo, dificultades financieras y aumento de costos que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas.
El proyecto establece la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, alcanzando a aquellos sujetos que cuenten con certificado MiPyme y revistan calidad de Contribuyentes Puros o de Convenio Multilateral con domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz.
Uno de los puntos centrales es la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y la paralización de aquellas que ya se encuentren en trámite, durante el plazo de vigencia de la emergencia. En los casos donde aún no exista sentencia, las causas podrán continuar hasta el fallo, pero sin actos de ejecución ni embargos.
La medida apunta a otorgar previsibilidad y oxígeno financiero a empresas que hoy enfrentan deudas impositivas y cargas acumuladas.
El proyecto instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a Distrigas S.E. y a otros organismos de recaudación provincial a establecer planes de regularización de deudas con condiciones especiales:
Hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas.
Tasa de financiación de hasta 25% efectiva anual.
Quita de hasta el 100% de multas e intereses resarcitorios o por mora.
Posibilidad de incorporar deudas incluidas en planes vigentes al momento de sancionarse la ley.
El objetivo es facilitar la normalización de obligaciones y evitar cierres o despidos en el sector privado.
La declaración de emergencia también podrá utilizarse para gestionar:
Líneas de crédito a tasa diferenciada, tanto para préstamos futuros como vigentes.
Exenciones y/o diferimientos en la presentación y pago de declaraciones juradas de tributos provinciales y nacionales (sujeto a aprobación de los organismos correspondientes).
Otro artículo autoriza al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a regularizar deudas que el Estado provincial mantenga con empresas alcanzadas por la emergencia, habilitando mecanismos de compensación o renegociación. Asimismo, se insta a los municipios a adoptar medidas similares respecto de sus compromisos pendientes.
El proyecto crea una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Comercial, Industrial y Pyme, que deberá reunirse al menos una vez por mes durante la vigencia de la ley. Estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, Ministerio de Gobierno, ASIP, Secretaría de Comercio e Industria, un integrante por cada bloque legislativo y tres representantes de entidades gremiales empresarias.
Esta comisión podrá proponer nuevas medidas, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis.
Finalmente, la iniciativa invita a organismos nacionales y municipales a adherir a la futura ley.
Ahora, la definición quedará en manos de los diputados provinciales, en una sesión que será clave para el sector comercial e industrial santacruceño.
