Ahora Calafate
El Gobierno de Santa Cruz endureció este lunes su postura frente al conflicto que mantiene con efectivos policiales y penitenciarios que reclaman una recomposición salarial. El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, confirmó que el incremento otorgado por resolución ya se encuentra vigente y advirtió que el Ejecutivo denunciará penalmente a quienes promuevan acciones que puedan constituir delitos contra el orden institucional.
En declaraciones a LU14 Radio Provincia, el funcionario sostuvo que el proceso de negociación "está agotado" y defendió la decisión de otorgar el aumento mediante la Resolución N° 342/26, mientras se aguarda el decreto que firmará el gobernador Claudio Vidal para refrendar la medida.
"No vamos a prometer lo que no podemos pagar"
Prodromos aseguró que la recomposición salarial representa el máximo esfuerzo financiero que puede realizar la Provincia sin comprometer sus cuentas.
"Nosotros vamos a ofrecer lo que realmente podemos pagar; no vamos a prometer algo que después no podamos cumplir. En este Gobierno eso no va a pasar", afirmó.
El ministro recordó que durante el conflicto se realizaron siete reuniones del Consejo del Salario y se formularon quince propuestas salariales que fueron rechazadas por los representantes policiales.
"Se trabajó durante más de un mes... Siempre hubo una negativa. La situación seguía escalando en agresiones y por eso se tomó la decisión de otorgar el aumento por resolución", manifestó.
Como informó Ahora Calafate, la recomposición fijada por el Gobierno eleva el salario de bolsillo de un agente ingresante a $1.746.634 durante julio, cifra que los representantes de los autoconvocados consideran insuficiente y muy alejada del reclamo de $2.200.000 para la categoría inicial.
Comienzan los descuentos
Otro de los anuncios realizados por el ministro fue que la resolución salarial ya produce efectos administrativos, por lo que comenzarán a aplicarse descuentos a quienes no presten servicio.
"La resolución ya está vigente. Eso significa que, a partir de ahora, el personal que no se presente a trabajar tendrá el descuento correspondiente por el día no trabajado", señaló.
Desde el Gobierno insisten en que el objetivo es normalizar el funcionamiento de la fuerza y garantizar la prestación del servicio de seguridad en toda la provincia.
Advertencia de denuncias penales
El aspecto más fuerte de las declaraciones estuvo relacionado con las posibles acciones judiciales que impulsará el Ejecutivo.
Prodromos afirmó que el Ministerio de Seguridad, junto con las áreas jurídicas del Estado, analiza denunciar a quienes promuevan acciones de insubordinación dentro de la Policía.
Según explicó, el Gobierno tomó conocimiento de audios en los que se instaría a efectivos policiales a no presentarse a trabajar e incluso a no entregar el armamento reglamentario cuando sea requerido.
"Si eso ocurre, estamos frente a hechos que pueden encuadrarse en un delito de sedición y serán denunciados ante la Justicia", advirtió.
El ministro también sostuvo que uno de los referentes del reclamo no posee estado policial activo y enfrenta un proceso judicial en el ámbito federal.
"Que no expongan al personal"
Durante la entrevista, Prodromos también cuestionó el asesoramiento legal que, según afirmó, reciben algunos de los efectivos que participan de las medidas de fuerza.
"Si sostienen que las medidas son legales, no deberían pedir una amnistía. Que no expongan a los compañeros", expresó, al tiempo que recomendó a cada integrante de la fuerza consultar con un abogado de confianza antes de adoptar decisiones que puedan tener consecuencias administrativas o penales.
Por último, el ministro confirmó que el Gobierno provincial analiza otorgar un reconocimiento económico al personal policial y penitenciario que continuó prestando servicio durante todo el conflicto.
"Vamos a reconocer el compromiso de quienes estuvieron trabajando durante estos más de treinta días, porque siguieron cuidando a los vecinos de Santa Cruz cuando más se los necesitaba", concluyó.
Las declaraciones se producen mientras el conflicto salarial continúa abierto. Aunque el Gobierno dio por vigente la recomposición mediante resolución, los representantes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria mantienen el rechazo a la oferta y ratificaron la continuidad de las protestas y del reclamo por una mejora salarial mayor.
