Guillermo Pérez Luque
El mandatario sostuvo que cada vez que el Ejecutivo intenta avanzar en el ordenamiento del Estado, aparecen medidas judiciales que frenan esas decisiones. “Cuando este Gobierno empieza a ordenar, a terminar con los privilegios y a hacer cumplir las normas, muchas veces nos encontramos con una reacción que transforma la justicia en la última trinchera de los gobiernos anteriores”, afirmó.
También cuestionó que denuncias por corrupción no hayan avanzado. “Realizamos decenas de denuncias por corrupción que se cajonean”.
La Caja
Uno de los ejes centrales fue la defensa de la Caja de Previsión Social como organismo provincial. Vidal fue enfático al afirmar que “nuestra Caja no se transfiere a la Nación”. Y agregó que “la vamos a defender como una herramienta central de autonomía política y social de Santa Cruz”.
Sin embargo, planteó que la defensa del sistema previsional debe ir acompañada de una discusión sobre su financiamiento. “Defender la Caja no se trata solamente de no transferirla. Defender la caja es hacerla sustentable en el tiempo”, sostuvo.
En ese sentido, reveló que el sistema previsional provincial presenta “un déficit de casi 270.000 millones de pesos anuales”, monto que según indicó es cubierto por el conjunto de los santacruceños.
El eje del conflicto
Vidal apuntó directamente al municipio de Río Gallegos, al señalar que existe una “confusión” en torno a los aportes. Explicó que la Ley 1782 establece que los aportes personales y contribuciones patronales son obligatorios y deben ser depositados en la Caja.
“El aporte que se le descuenta todos los meses a un trabajador no le pertenece a ningún municipio. Le pertenece justamente a ese trabajador”, afirmó.
En cuanto a la Ley 2401, creada en 1995 durante la gestión de Néstor Kirchner para garantizar la intransferibilidad de la Caja y fortalecer su financiamiento, aclaró que se trata de un fondo especial que no reemplaza las obligaciones previsionales.
“Cumplir con la ley 2401 no exime a nadie de cumplir con la ley 1782”, insistió. Y fue reiterativo: “No son obligaciones que se compensen entre sí”.
El mensaje fue dirigido a especialmente al Municipio de Río Gallegos, pero fue un tiro por elevación hacia otros ejecutivos municipales, entre ellos el de El Calafate, con quien viene sosteniendo diferencias por acreencias mutuas.
Las críticas al Tribunal Superior
El gobernador cuestionó una medida cautelar favorable al municipio capitalino que impide avanzar en la aplicación plena de la normativa previsional. “Una medida cautelar que no resuelve el fondo de la situación, solo bloquea la posibilidad de seguir adelante”, expresó.
Añadió que esa resolución “perjudica a los trabajadores activos y pasivos” y obliga al resto de los santacruceños a financiar el incumplimiento de quienes retienen aportes y no los depositan. “Es una retención indebida”, sentenció.
También criticó que la cautelar “duerme en los cajones del Tribunal Superior de Justicia” y vinculó estas decisiones con intentos de frenar el reordenamiento institucional.
“Cada cautelar que se dicta sin resolver el fondo, frena el reordenamiento del Estado y la igualdad ante la ley”, manifestó.
Duro mensaje a jueces
En uno de los tramos más fuertes del discurso, Vidal apuntó contra magistrados provinciales por aumentos salariales. “A esos jueces (del TSJ) que de forma obscena se aumentaron los salarios a 25 millones de pesos por mes, generando una erogación de 40 mil millones anuales, les quiero pedir mayor responsabilidad social con el pueblo de Santa Cruz”, expresó.
Y concluyó con una advertencia política. “No hay 82% móvil posible, no hay sistema previsional sustentable y no hay provincia que pueda desarrollarse si las leyes pueden quedar suspendidas por una batería de cautelares”.
El planteo dejó expuesto el conflicto institucional en torno al financiamiento de la Caja de Previsión y anticipa que el debate previsional será uno de los temas centrales en la agenda política de Santa Cruz durante este año legislativo.
