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El Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la cautelar que protegía a Río Gallegos de posibles retenciones sobre la coparticipación por deudas con la Caja de Previsión Social. La decisión no resolvió todavía la constitucionalidad del artículo 22 de la Ley 1782, pero restituyó una herramienta que permite descontar fondos municipales. Los intendentes advierten que una aplicación inmediata podría comprometer salarios y servicios, mientras el Gobierno sostiene que los aportes de los trabajadores deben ingresar al sistema jubilatorio y abrió una ronda de negociaciones con las comunas.

Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Claudio Vidal volvió a confrontar con sectores del Poder Judicial y centró uno de los tramos más duros de su intervención en la situación de la Caja de Previsión Social, el déficit del sistema y el conflicto con el municipio de Río Gallegos por los aportes.