La Fiesta Nacional del Trekking 2026 se celebró este fin de semana en El Chaltén, una villa turística que se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz, con destacadas competencias. En ese marco, organizaciones locales marcharon y realizaron el festival “Agua para la Vida” para rechazar posibles modificaciones a la Ley de Glaciares que protege los glaciares y el ambiente periglacial.
Bajo las consignas “El agua vale más que todo”, “La Ley de Glaciares no se toca” y “Sin participación real no hay justicia ambiental”, vecinos y organizaciones ambientales reclamaron que se permita la participación en las audiencias públicas de la ley.
“Todas las personas registradas tienen derecho a hablar y ser escuchadas. Las comisiones pueden ordenar el desarrollo de la audiencia, pero no decidir quién puede participar y quién no”, indicaron Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales.
“El artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las audiencias públicas deben regirse por los principios de oralidad, participación y simplicidad para garantizar la intervención de la ciudadanía en temas de interés público”, agregaron.
La campaña se dio a días de que se realicen las audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación, convocadas para los próximos 25 y 26 de marzo en el Congreso, por el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La oposición pidió al presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem, y a los de las comisiones Mayoraz y Peluc, que extiendan las audiencias públicas ya que se concedieron apenas dos días, con esas limitaciones, podrían tomar intervención solo 200 personas, y ya son más de 27 mil personas los interesados en participar del debate.
Al respecto los letrados reclamaron: “Se convocará a participar de manera presencial el miércoles 25 de marzo y de forma virtual el jueves 26 de marzo solo a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción del país”.
La reforma propuesta por la Casa Rosada es un reclamo de las provincias mineras que integran las mesas del Litio y el Cobre; y un largo deseo de las mineras multinacionales para realizar explotaciones en zonas de glaciares y periglaciares relevadas dentro del Inventario Nacional de Glaciares.
Por eso, la norma relega al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) --organismo científico encargado del inventario-- a un rol marginal y deja en manos de las provincias mineras los estudios de impacto ambiental y la decisión de qué áreas explotar.
Esos cambios van en contra de la legislación ambiental nacional, del artículo 41 de la Constitución que ordena que el Estado nacional dicte presupuestos mínimos de protección, de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de una serie de pactos internacionales. Por eso, organizaciones socioambientales, constitucionalistas, Naciones Unidas y las propias provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la gravedad de la reforma a favor de las empresas mineras.
Tras conocerse el récord de inscriptos para la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió: “La audiencia pública por la Ley de Glaciares debe durar todo el tiempo necesario para que cada uno de los anotados tenga sus 5 minutos. Si restringen la participación, no es una Audiencia Pública, violan Escazú y su propia convocatoria. Y abren la puerta a la judicialización”.
Por Página 12
