Guillermo Pérez Luque
Tal como había anticipado Ahora Calafate, desde el pasado lunes 16 de marzo, el Gobierno de Santa Cruz comenzó a cobrar las prestaciones programadas a afiliados de obras sociales y prepagas que mantienen deudas con el sistema público. La decisión se da luego de que venciera el plazo otorgado por el Ministerio de Salud para que las financiadoras se presentaran a firmar convenios de regularización.
En diálogo con FM Dimensión, el subsecretario de Acceso y Equidad en la Salud, Dr. Ricardo Coloccini, confirmó que la medida ya está en marcha en todos los hospitales provinciales y explicó que no se trata de una suspensión del servicio, sino de un cambio en el esquema de financiamiento.
“La población no tiene suspendido el acceso a la atención, pero sí cambió la lógica de la financiación. Todo lo que sea atención programada, al no haber convenio, corre por cuenta del afiliado”, señaló.
De esta manera, consultas y estudios no urgentes deben ser abonados por los pacientes, mientras que las urgencias y emergencias continúan garantizadas por el sistema público.
Coloccini recordó que, pese a las notificaciones enviadas desde enero, solo una obra social, Unión Personal, se presentó antes del 16 de marzo para avanzar en un acuerdo.
A ese grupo se suman la Caja de Servicios Sociales y PAMI, que ya cuentan con convenios vigentes con la provincia. “El resto no respondió al llamado en tiempo y forma”, indicó el funcionario.
Reacción tras el corte de prestaciones gratuitas
Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar tras la implementación de la medida. Según detalló Coloccini, desde el lunes pasado entre cinco y seis obras sociales ya se contactaron con el Gobierno provincial en los últimos días para iniciar gestiones de regularización.
“Se están acercando progresivamente para tratar de llegar a un punto de encuentro. Es una lógica a la que no estaban acostumbrados, porque el Estado brindaba las prestaciones y en muchos casos (las obras sociales) no respondían con la celeridad necesaria”, explicó.
AUDIO: Dr. Ricardo Coloccini - Subsecretario de Acceso y Equidad en la Salud - FM Dimensión
Incluso, el funcionario reconoció que el cambio se dio recién después de que se interrumpiera el esquema habitual. “Se tuvo que llegar esta situación para que reaccionen”, dijo en el programa “A Diario”.
Coloccini fue claro al señalar que el cobro a los afiliados continuará hasta que cada obra social firme el convenio correspondiente con la provincia.
“La firma del convenio es una condición indispensable. Recién ahí se normaliza la situación y después tienen 30 días para presentar un plan de pago de la deuda”, precisó.
La medida se enmarca en una situación crítica que ya había sido expuesta por Ahora Calafate en un informe previo sobre la deuda acumulada de obras sociales y prepagas con el sistema público de salud.
Según los últimos datos oficiales, la deuda ronda los 12.000 millones de pesos, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema sanitario provincial.
El Gobierno provincial apuesta a que esta decisión genere un reordenamiento en el vínculo con las financiadoras y permita recuperar recursos para sostener prestaciones esenciales.
Por ahora, el primer efecto es que las obras sociales comenzaron a acercarse, aunque aún sin acuerdos firmados, en un escenario que sigue en plena negociación.
