Guillermo Pérez Luque
La decisión del juez de instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, de suspender provisoriamente el desalojo de La Aldea generó un fuerte alivio entre las familias que ocupan el ex hotel en El Chaltén, aunque el frente judicial está lejos de cerrarse.
La novedad, que fue anticipada por Ahora Calafate durante la mañana, abre ahora una nueva etapa centrada en la apelación que presentará la defensa para insistir con que la ocupación no se encuadra en el delito de Usurpación y que, en caso que así sea, se prescribió la acción penal.
La medida dejó sin efecto, por el momento, la fecha del 30 de abril, que hasta ahora aparecía como el día límite para ejecutar el desalojo. Según explicó la abogada Stefanía Mac Donald, representante de varias de las familias, la resolución judicial no constituye una prórroga con nuevo plazo, sino la suspensión de la orden de desalojo hasta que la discusión jurídica quede firme. “El desalojo para el día 30 de abril está suspendido”, confirmó la letrada esta mañana en diálogo con FM Dimensión.
La profesional explicó que el juez no hizo lugar al planteo de fondo que había presentado, aunque sí resolvió frenar la medida mientras esa discusión siga abierta. “En cuanto a los planteos de fondo jurídico, no se me hace lugar, por lo cual yo tengo que ahora interponer un recurso de apelación para que esto sea revisado por el juez de recursos”, señaló.
Para ello la abogada tiene un plazo de cinco días. La apelación, si es procedente, será tratada por el Juez de Recursos, Dr. Nelson Sánchez.
La novedad que dio Ahora Calafate
La estrategia judicial de la defensa apunta a sostener que el supuesto delito de usurpación no existió como tal, y de ser así ya prescribió, dado que transcurrieron más de tres años desde la ocupación, plazo que considera aplicable según el Código Penal para este tipo de hechos.
Sin embargo, destacó que lo urgente “lo más urgente es que por lo menos se frenara con el desalojo de acá a un mes”, afirmó.
En términos prácticos, la suspensión significa que no hay actualmente una fecha de desalojo vigente y que la medida no podrá retomarse hasta que se agoten las instancias recursivas. “No hay prórroga, no hay plazo y no hay orden de desalojo”, resumió la abogada.
Esto implica que la causa continuará ahora en la instancia del juez de recursos, quien deberá revisar los fundamentos de la defensa y resolver si confirma lo actuado por Albarracín o si hace lugar a la prescripción solicitada.
Si la apelación prospera, la consecuencia jurídica sería aún más contundente: la causa quedaría extinguida y no podría volver a impulsarse una medida de desalojo en ese expediente. Debería derivarse el caso a la justicia en lo Civil. “Si me hicieran lugar, la acción penal se encontraría prescrita, entonces quedaría extinguida de pleno derecho”, explicó Mac Donald.
La repercusión inmediata de la resolución fue profunda entre las familias que habitan La Aldea. Después de semanas de angustia e incertidumbre por la cercanía del 30 de abril, la suspensión llevó alivio.
“No lo pueden creer. La verdad estaban con mucha angustia y mucha preocupación, no sabían a dónde iban a ir”, relató la abogada sobre la reacción de sus representados.
El contexto social ya había sido advertido por autoridades locales, que reconocieron que El Chaltén no tiene hoy capacidad para contener la reubicación inmediata de decenas de personas.
La resolución judicial, aunque provisoria, descomprime momentáneamente una situación que amenazaba con derivar en una crisis social de gran magnitud en plena temporada baja.
Asentamiento “23 de abril”
En el programa “A Diario” Mac Donald confirmó que presentó un pedido por el asentamiento “23 de Abril”, donde también pesa una orden de desalojo con tiempo límite el 30 de abril
La presentación ingresó ayer lunes y se basa igualmente en la prescripción, aunque la letrada aclaró que se trata de un caso distinto desde el punto de vista jurídico y fáctico. “Hice un planteo similar, no igual, porque hay circunstancias que no son las mismas, son dos causas absolutamente distintas”, precisó.
En este expediente, la defensa sostiene que el supuesto delito también habría prescripto, ya que el propio hecho imputado fija como fecha de ocupación el 23 de abril de 2022, lo que supera también el plazo de tres años.
“El barrio se llama 23 de abril porque ellos se establecieron en el predio el día 23 de abril del año 2022”, explicó.
A diferencia de La Aldea, en este caso Mac Donald no discute la figura penal en sí, sino que avanza directamente sobre la prescripción. “En este caso no cuestiono la figura delictiva, sino voy directamente por la prescripción”, sostuvo.
También remarcó que la realidad del asentamiento es diferente, ya que se trata de un terreno fiscal, con servicios a nombre de los ocupantes, y con la municipalidad de El Chaltén como parte querellante en la causa.
Según explicó, recién la próxima semana podría haber una primera resolución judicial en este expediente.
