Guillermo Pérez Luque
Un proyecto de ley ingresó este martes a la Legislatura provincial y tomará estado parlamentario en la sesión del jueves 9 de abril, con una propuesta centrada en medidas de austeridad sobre la estructura política del Estado.
La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Alberto Godoy del bloque Unión por la Patria, plantea una reducción del 30% en las remuneraciones de funcionarios provinciales, incluyendo cargos del Poder Ejecutivo, Legislativo, entes descentralizados y empresas con participación estatal.
Según el texto, el objetivo es “priorizar los recursos del Estado en políticas públicas esenciales”, en un contexto donde se busca redireccionar el gasto hacia áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Además de la baja salarial, el proyecto propone suspender gastos en publicidad oficial y comunicación institucional, limitando su uso únicamente a campañas vinculadas a servicios esenciales o información obligatoria.
En la misma línea, establece restricciones en el uso de recursos estatales, como vehículos oficiales, viáticos y gastos de representación, con excepción de áreas críticas como salud, seguridad o emergencias. También se prevé la creación de un registro público digital para transparentar estos gastos.
Otro de los puntos centrales es la derogación de las Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) con participación estatal, al considerar que implican erogaciones permanentes que requieren mayor control y transparencia. El Ejecutivo debería avanzar en su reorganización o liquidación.
El proyecto también contempla la creación de un Fondo de Redistribución Social, que se integraría con los ahorros generados por estas medidas y que estaría destinado a las paritarias centrales.
En los fundamentos, el autor sostiene que “no es la sociedad la que debe ajustarse, sino la política”, y plantea la necesidad de dar una señal de austeridad desde los niveles de conducción del Estado.
La iniciativa invita además a municipios y comisiones de fomento a adherir a medidas similares, replicando el esquema de reducción y control del gasto en sus jurisdicciones.
