PROYECTO. Buscan dotar a Santa Cruz de una política integral frente al cambio climático

Un proyecto de ley propone establecer en Santa Cruz un marco normativo integral y específico para abordar el cambio climático. La iniciativa no solo busca establecer principios generales, sino obligar al Estado provincial a diseñar, ejecutar, monitorear y financiar políticas públicas concretas frente a uno de los desafíos ambientales más importantes de las próximas décadas.

El proyecto de Ley lleva la firma de la diputada Claudia Barrientos, del bloque oficialista Por Santa Cruz. Según el trámite legislativo previsto, el texto tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para el jueves 9 de abril, donde comenzará formalmente su recorrido en comisiones antes de un eventual tratamiento en el recinto.

La iniciativa plantea una Ley Marco de Acción Climática Provincial que busca complementar la legislación nacional vigente y adaptar sus lineamientos a la realidad territorial santacruceña, marcada por problemáticas muy concretas como el retroceso de glaciares, la escasez hídrica en la zona norte, la alteración de ecosistemas costeros y la necesidad de avanzar en una matriz energética más limpia.

En el artículo primero del proyecto al que accedió Ahora Calafate se define que  la finalidad de la norma es establecer la política pública provincial de respuesta al cambio climático mediante acciones de adaptación y mitigación, con el objetivo de “proteger a la población de los efectos del cambio climático y coadyuvar al desarrollo sostenible”.

Uno de sus ejes más fuertes es que obliga a la Provincia a avanzar hacia la carbono neutralidad.  Es decir, reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar un equilibrio entre lo que se emite y lo que los ecosistemas pueden absorber.

FOTO: Claudia Barrientos, autora del proyecto

Agua, glaciares y zonas costeras: los puntos críticos para Santa Cruz

El proyecto pone el foco en las vulnerabilidades específicas del territorio provincial.

Entre ellas aparece en primer lugar la crisis hídrica, especialmente en la zona norte, donde el acceso al agua ya es una preocupación estructural tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria y energética.

A esto se suma el retroceso de los glaciares, una problemática especialmente sensible en Santa Cruz, que concentra una de las mayores reservas glaciarias del país.

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada Claudia Barrientos, remarca que la provincia integra una de las regiones con mayor cantidad de glaciares del país. También incorpora medidas específicas para el monitoreo de zonas glacioclimáticas, áreas costeras vulnerables, sectores con riesgo de inundación y procesos de desertificación.

En este punto, el proyecto obliga a elaborar un mapa provincial de ordenamiento territorial climático, que identifique zonas críticas y sirva como base para la planificación futura.

Plan obligatorio con metas, plazos y presupuesto

Uno de los aspectos más relevantes es la creación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que se convertiría en el principal instrumento operativo de la ley. Este plan deberá incluir dos grandes componentes: un Plan de Mitigación y un Plan de Adaptación.

La norma exige que contenga metas concretas, cronograma de ejecución, presupuesto y mecanismos de evaluación. Esto implica que el Estado no podrá limitarse a anuncios generales, sino que deberá definir objetivos cuantificables a corto, mediano y largo plazo.

El texto además establece la obligación de fijar una meta provincial de reducción de emisiones y actualizar el plan cada cinco años como máximo.

Transición energética

Otro de los capítulos centrales apunta a la reducción de emisiones mediante medidas concretas de mitigación.

Entre ellas aparecen la promoción de energías renovables, la generación distribuida, la eficiencia energética en edificios públicos y privados, la incorporación de criterios de arquitectura sostenible y la modernización del alumbrado público.

También se plantea una política de movilidad sostenible, con promoción del transporte público, y recambio progresivo de vehículos por opciones de menores emisiones.

Sector Privado

Uno de los puntos más significativos del proyecto es que establece obligaciones para el sector privado.

Las empresas de rubros con alta emisión, como hidrocarburos, minería y cemento, deberán elaborar sus propios inventarios de emisiones y proponer medidas de mitigación.

Esto representaría un cambio importante, ya que incorpora al sector productivo como actor obligado dentro de la política climática provincial.

Además, el proyecto abre la puerta a la creación de un sistema de bonos o créditos de carbono, pensado como incentivo económico para promover la reducción de emisiones.

Un fondo específico

Uno de los puntos del proyecto de Ley es la creación del Fondo de Acción Climática, destinado exclusivamente a financiar las políticas derivadas de la ley.

Este fondo podría nutrirse de partidas presupuestarias provinciales, aportes nacionales, donaciones, organismos multilaterales y eventualmente utilidades provenientes de sistemas de comercio de carbono.

La inclusión de financiamiento específico es uno de los elementos que le da mayor consistencia al proyecto, ya que apunta a evitar que las políticas climáticas queden supeditadas a decisiones presupuestarias coyunturales.

Educación, participación y control social

La ley también incorpora un fuerte componente de educación ambiental y participación ciudadana.

Prevé programas específicos junto al Consejo Provincial de Educación para incorporar contenidos de cambio climático en el sistema formal y campañas de concientización para toda la sociedad.

Además, crea un Gabinete Provincial de Cambio Climático integrado por distintas áreas del Ejecutivo y un Consejo Asesor Externo, con participación de científicos, universidades, organizaciones ambientales, comunidades indígenas, sindicatos, sector privado y partidos políticos.

En este punto, la iniciativa pone énfasis en la transparencia y el acceso a la información pública ambiental, obligando a publicar inventarios, planes y avances en sitios oficiales.

Más allá del marco global, el proyecto está claramente pensado desde la realidad local, según expresa la diputada Barrientos en los fundamentos, al sostener que la provincia necesita herramientas concretas para enfrentar problemas ya visibles.

“La disminución de la disponibilidad de agua potable en la zona norte, el retroceso de los glaciares y la alteración de los ecosistemas costeros constituyen fenómenos de especial preocupación”.

La intención de fondo es que Santa Cruz deje de actuar solo de manera reactiva ante fenómenos extremos y pase a contar con una política pública integral, sostenida y financiada.